Cómo sobrevivir a la SGAE por Arturo Quirantes - En Cieza Digital

Herramientas legales
ante los tribunales, se encuentran con dos grandes escollos. Para empezar,
es algo malo para los negocios. Meter en la cárcel, o amenazar con perseguir
judicialmente, a la gente que te compra canciones o películas es
contraproducente, ya que no sólo decae el negocio sino que se crea una
reacción adversa de la opinión pública.
En segundo lugar, no existen cárceles suficientes, por no hablar de
jueces, abogados o salas para juicios, para todos los pendejos electrónicos
que pululan por España. Habría que paralizar todas las investigaciones sobre
escándalos urbanísticos y sacar a los constructores de la cárcel, con el doble
objetivo de a) hacer sitio en las prisiones, y b) construir más cárceles. Con un
poco de suerte, podríamos revitalizar el negocio y acabar con la
“desaceleración económica.” Claro que lo mismo les da por imponer un canon
al cemento, con el argumento de que casi todos somos piratas y hay que pagar
esas prisiones de alguna forma.
Bromas aparte, realizar campañas judiciales masivas sería, entre otras
cosas, poco eficaz en España, donde las leyes son relativamente benignas
para los piratas, digo para los violadores de derechos de autor. Hay otros
países en donde lo tendríamos bastante peor, como Estados Unidos, donde
las discográficas no se recatan en llevar a juicio a una persona aunque tenga
noventa y dos años o esté muerta -se han dado casos- y reclamarle miles de
dólares por cada canción que se haya reproducido sin permiso.
Aquí no llegamos a tanto, para nuestra ventaja, pero el hecho es que
están usando todo tipo de procedimientos en la medida de lo posible. Cada ley
que aparece, la industria intenta cambiarla para barrer para casa en lo posible.
La Ley de Propiedad Intelectual es un ejemplo. Otro es la LISI (Ley de Impulso
a la Sociedad de la Información), donde las entidades gestoras de derechos
pusieron toda la carne en el asador para conseguir que la ley les otorgue el
estatus de “autoridad competente,” con lo que tendrían mano libre para actuar
de censores en Internet sin necesidad de jueces ni fiscales.
Mientras tanto, siguen presionando para que el p2p sea declarada una
actividad ilícita. Hacen campaña para conseguir que la descarga no autorizada
de material sometido a copyright sea considerado un ilícito penal, lo que
justificaría la adopción de medidas de persecución fuertes (como el pinchado
de comunicaciones), y están entusiasmados por el “modelo Sarkozy” de
castigo a los infractores (descarga y te cortan la conexión a Internet). Hasta
ahora no lo han conseguido. Pero esa gente tiene tanta imaginación como
pocas ganas de abandonar un esquema de negocio que les reporta grandes
beneficios.
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