Cómo sobrevivir a la SGAE por Arturo Quirantes - En Cieza Digital

62 Arturo Quirantes Sierra – Cómo sobrevivir a la SGAE
La LSSI, por el contrario, no distingue entre ambos tipos de prestadores
de servicios. En su lugar, define un servicio en forma que, aparentemente, es
sólo de tipo comercial: a los efectos de esta ley, se entenderá por “Servicio de
la sociedad de la información” todo servicio prestado normalmente a título
oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.
Esto, en principio, deja la LSSI restringida a las actividades económicas de la
Red. ¿Por qué, entonces, provocó tanto revuelo en su momento? Porque su
rango de aplicación es más amplio. Quizá extrañada ante el hecho de que
hubiera gente deseosa de hacer cosas en Internet gratuitamente, la propia
Ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés llegó a declarar ante una
comisión del Congreso que no hay ni páginas web ni comunicaciones
personales ni cualquier otro tipo de comunicación que, utilizando la red, no
tenga efecto económico. Para ello se apoyó en un párrafo de la LSSI que
matiza la definición anterior: El concepto de servicio de la sociedad de la
información comprende también los servicios no remunerados por sus
destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el
prestador de servicios (el subrayado es mío).
En castellano sencillo, esto significa que cualquier página web en la que
se mueva un duro por el motivo que sea (suscripción, donación, banners y
anuncios diversos) es susceptible de caer en la órbita de influencia de la
LSSI 40 . Incluso si yo le hago una web gratuita a mi esposa para su bufete de
abogados, como dicha web representa una actividad económica (se publicita a
sí misma) yo puedo ser considerado un “prestador de servicios”. Este último
ejemplo está un poco cogido por los pelos, lo advierto, y todavía ignoro si algún
tribunal ha acotado el término “prestador de servicios” en la LSSI de forma
clara. Pero el hecho es que, si nuestra web mueve dinero de algún modo,
puede ser considerada prestador de servicios por un juez, con todo lo que ello
conlleva tanto de bueno como de malo. En tal caso, a lo mejor no nos
compensa ganar veinte euros todos los meses si a cambio un juez puede
entrar por ahí y decir “oiga, usted es un prestador de servicios, por lo tanto le
aplico la legislación vigente”. Quizá el hecho de que nuestro blog no
represente actividad económica alguna nos sirva para descargarnos de
responsabilidades.
A veces, ni siquiera sabemos si algo que estamos haciendo es ilegal, o
inmoral, o engorda. Ha habido diversos casos recientes relativos a la legalidad
del intercambio de archivos en Internet. En uno de los más notorios, quince
personas fueron detenidas en 2006 acusadas de montar páginas donde se
proporcionaban enlaces a archivos desde páginas web. Al menos en un caso,
el juez sobreseyó el caso. La sentencia ha sido recurrida, de forma que la
legalidad de intercambiar enlaces sobre archivos protegidos con copyright está
aún sobre la mesa. La propia legalidad de las redes p2p está aún bajo
40 “La ley que se apruebe para la incorporación de la Directiva sobre comercio electrónico ha de ser una
ley omnicomprensiva, que alcance y sea aplicable a todo tipo de servicios y actividades realizadas por
Internet” (Baudilio Tomé Muguruza, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información; comparecencia ante la Comisión del Senado sobre Sociedad de la Información,
05/12/2001)