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Cómo sobrevivir a la SGAE por Arturo Quirantes - En Cieza Digital

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Usar contramedidas El mieod tecnológicas<br />

usted <strong>la</strong> cantidad de escándalos políticos, económicos y de toda índole de que<br />

seremos testigos en años venideros. Información de oro para entidades<br />

políticas. O para entidades bancarias.<br />

O para una entidad de derechos de autor. Líbreme Dios de acusar a<br />

nadie de hacer algo como robar <strong>la</strong>s bases de datos de l<strong>la</strong>madas. Pero si<br />

conocen a alguien que conoce a alguien que casualmente se encontró esa<br />

base de datos en <strong>la</strong> calle, no creo que ninguna entidad gestora de derechos le<br />

haga ascos.<br />

Los hay poco escrupulosos en este mundo. <strong>En</strong> abril de 2005, <strong>la</strong><br />

comunidad internauta se vio sorprendida <strong>por</strong> <strong>la</strong> noticia de que Promusicae, a<br />

imitación de sus colegas norteamericanos, se dedicó a enviar mensajes e-mail<br />

a mil<strong>la</strong>res de usuarios de <strong>la</strong> red de Kazaa. Al menos, eso dijo <strong>la</strong> entidad.<br />

Según ellos, se utilizó un robot (¿bot?) que enviaba un mensaje de forma<br />

automática cada vez que detectaba a un usuario residente en España<br />

intercambiando música protegida con derechos de autor. El caso es que ni<br />

siquiera se sabe si se acabaron enviando dichos mensajes, pero en caso de<br />

haber sido “husmeadas” <strong>la</strong>s direcciones IP sin autorización judicial es posible<br />

que se hubieran visto envueltos en un lío legal muy gordo.<br />

Quizá lo que pasó –y aquí entramos en el terreno de <strong>la</strong>s hipótesis– fue<br />

que Promusicae pidió dicha información directamente a <strong>la</strong>s operadoras y, ante<br />

su negativa, se encontró en <strong>la</strong> posición del que vende <strong>la</strong> piel del oso antes de<br />

haberlo matado. Lo que sí se sabe es que, a finales de 2005, Promusicae<br />

pidió <strong>por</strong> vía judicial a Telefónica que le comunicase los nombres y paraderos<br />

de diversos usuarios de Kazaa, a quienes decía haber identificado mediante<br />

<strong>la</strong>s direcciones IP. El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid p<strong>la</strong>nteó una<br />

cuestión prejudicial y pidió un dictamen al Tribunal de Justicia de <strong>la</strong> Unión<br />

Europea. <strong>En</strong> julio de 2007, el Tribunal europeo dictaminó que <strong>la</strong>s operadoras<br />

de Red no están obligadas a pro<strong>por</strong>cionar información sobre los clientes que<br />

se descargan música, incluso si se estuviesen vulnerando derechos de autor,<br />

ya que sólo deberían darse –en su caso– a <strong>la</strong>s autoridades estatales, y eso en<br />

el caso de que fuesen constitutivas de delito.<br />

¿Recuerdan cuando les re<strong>la</strong>té <strong>la</strong> forma en que uno de mis compañeros<br />

recibió un e-mail amenazador en el que se le conminaba a dejar de<br />

descargarse pelícu<strong>la</strong>s?. ¿<strong>Cómo</strong> lo supieron? <strong>En</strong> mi Universidad no se<br />

chivaron. Pero mi amigo usaba el programa de intercambio de archivos<br />

eDonkey2000. Casualmente, diez días antes, <strong>la</strong> empresa Metamachine<br />

(propietaria del programa eDonkey2000) había alcanzado un acuerdo con <strong>la</strong><br />

industria discográfica norteamericana para evitar un juicio <strong>por</strong> vio<strong>la</strong>ción de los<br />

derechos de propiedad intelectual. Según los términos divulgados del acuerdo,<br />

Metamachine se comprometía a dejar de distribuir su software p2p y a pagar<br />

una indemnización de 30 millones de dó<strong>la</strong>res. Desde entonces, <strong>la</strong> web<br />

www.edonkey2000.com tan sólo muestra este aviso (traduzco del inglés):<br />

La red eDonkey2000 ya no está disponible. Si roba música o pelícu<strong>la</strong>s,<br />

está usted vio<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong> ley. Los tribunales en todo el mundo (incluyendo el<br />

Tribunal Supremo de Estados Unidos) han dictaminado que <strong>la</strong>s empresas y los<br />

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