Volumen 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008
su carácter de dependencia coordinadora optó por no celebrar convenios de colaboración con las
instancias federales, a efecto de que éstas la apoyaran en la operación de dichas mesas receptoras a
través de sus oficinas y/o representaciones; en su lugar, formalizó un contrato bianual con el Instituto
Nacional de Administración Pública A.C. (INAP) por un importe de 56,222.7 miles de pesos, de los
cuales, 52,730.5 miles de pesos fueron con cargo al ejercicio de 2008, y 3,492.2 miles de pesos, al
de 2009.
La contratación de los servicios, se efectuó bajo el amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y contó con la constancia de suficiencia presupuestal
otorgada por DGPyP de la SEGOB y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, conforme lo establecido en el artículo 50, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; asimismo, el gasto se ejerció con cargo en la partida 3414
“Subcontratación de Servicios con Terceros”, de la UEF de la SG.
Sobre el particular, y considerando que los servicios contratados con el INAP, se refieren a actividades
que se le encomendaron a la dependencia coordinadora y que son necesarias para la ejecución y
cumplimiento de los fines del Fideicomiso núm. 2106.- Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores
Migratorios Mexicanos, ésta debió solicitar al Comité Técnico del fideicomiso, la autorización para la
contratación de los servicios con el INAP, a efectos de que, dicho órgano colegiado destinara y, en su
caso, se ejercieran con cargo al patrimonio del fideicomiso los recursos que le permitieran a la
dependencia coordinadora cumplir con la obligación contractual con el INAP. Esta omisión ocasionó
que se afectara el presupuesto autorizado a la SEGOB para sus programas prioritarios que se derivan
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, por 52,730.5 miles de pesos.
Lo anterior contravino los artículos 4 y 5, fracción VI, de la Ley que crea el Fideicomiso que
administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, reformada el 1 de septiembre de 2008 y la
cláusula cuarta, párrafos séptimo y noveno del contrato de fideicomiso núm. 2106.- Fondo de Apoyo
Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de fecha 29 de septiembre de 2005.
Sobre el particular, la entidad fiscalizada comentó que la doctrina establece que el fin de un
fideicomiso es el objetivo que se busca con la celebración del contrato, es decir, son los intereses
privados o públicos que se buscan satisfacer con el establecimiento del fideicomiso. Asimismo, señaló
que de acuerdo con Rodríguez Ruiz, “la meta, es el resultado de un fideicomiso cuyo acto constitutivo
el fideicomitente expresa lo que el fiduciario debe hacer para alcanzar ese fin que tiene que ser lícito,
entendiéndose por ello no contrario a la ley ni a las buenas costumbres, debiendo, además, ser
determinado”.
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