2013-12-26_LIBRO_DondeEstaMiDinero

Una sentencia y dos análisis
decir, la concurrencia de hechos que condicionan la resolución de dicho proceso.
Pero, la Juez no lo ha valorado así. Es sabido, y desde luego, debe serlo para
la Juez, que el citado Principado es el n° 40 de la relación de paraísos fiscales
contenida en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de Julio. Y que la función de todos
ellos es el blanqueo de capitales procedentes de toda clase de conductas delictivas,
incluido el fraude fiscal. En fechas anteriores a la sentencia un diario de
amplia difusión publicó que «200 empresarios usaban la red de Gao Ping para
lavar dinero oculto en paraísos fiscales». Por tanto, ante una interpelación de
esa envergadura, la Juez estaba obligada, en cuanto estaba «ante un hecho» con
«apariencia de delito», a actuar conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, es decir, a ponerlo en conocimiento del Fiscal «por si
hubiera lugar al ejercicio de la acción penal», decisión que, de haberse adoptado,
podría haber puesto fin al proceso. Porque, ciertamente, a partir de las
consideraciones anteriores, hubiera resultado difícil estimar como lesivo al derecho
al honor del demandante la afirmación de que Josep M a Via y otros «s’han
enriquit a costa d’enfonsar la nostra sanitat».
Pero la Juez ha preferido optar por la vía más directa y represiva, entender que
la atribución de ese supuesto «enriquecimiento» es «una atribución de hechos»
que no cumple «el requisito de veracidad». Y lo hace a partir de una jurisprudencia
del Tribunal Supremo que permitía también llegar a una distinta conclusión.
Es evidente que la Juez ha otorgado preferencia, dentro de lo que se
denominan técnicas de ponderación, al derecho al honor frente a la libertad de
expresión y de información, pese a que este debe ocupar siempre una posición
prevalente «por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión
pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio
democrático». Pero el TS es más cauto en la protección del derecho al
honor: «La jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión
cuando se emplean expresiones que, aún aisladamente ofensivas, al ser puestas
en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación
política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de
su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible».
Criterio perfectamente aplicable a las críticas vertidas en el reportaje de
cafèambllet que han motivado una condena injustificada. No en vano, la Juez
se ve obligada a reconocer que los hechos que fundamentan la condena se
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