2013-12-26_LIBRO_DondeEstaMiDinero

Una sentencia y dos análisis
investigados por los tribunales de atacar por medio de querellas a los informadores
y a quienes destapan los escándalos como medio de defensa. En todo caso,
no pasa nada tampoco por dar el beneficio de la duda a la sentencia. Quizás hay
algún dato que no conozco o que se me escapa. De manera que, más allá de
referirme a la decisión judicial, creo que tiene sentido hablar del vídeo en sí
mismo. ¿Algo de esa índole ha de ser amparado por la libertad de información?
Analizando el vídeo con independencia de lo que puedan haber argumentado
las partes y la sentencia, queda claro que al señor Via se le menciona sin imputarle
delitos concretos, sino por su participación y comentarios públicos respecto
de la situación (cómo se gestiona la sanidad con intervención de empresas
privadas en Cataluña y, sobre todo, la opacidad y falta de transparencia res pecto
de muchos contratos, que impiden fiscalizar el uso de dinero público), opiniones
por las que es criticado, con dureza, en el vídeo. Es cierto que hay una pregunta
retórica en la que, para ridiculizar y llevar al absurdo la posición defendida por
Via, se lanza la hipótesis argumentativa de que quizás lo que le parecería sensato
a Via es que le ingresaran directamente el dinero en las Islas Caimán. Es
cierto, también, que el vídeo habla en su título de «robo» y la expresión se repite
a lo largo del mismo para calificar algunos comportamientos y actitudes (pero
no en referencia concreta al Señor Via). Puestos en la balanza esos, si se quiere,
«excesos expresivos» (que a mí no me lo parecen, en el fondo, pues se explican
a partir de la articulación del reportaje y que por esta razón nada tienen que ver
con los excesos reprobables que el Tribunal Constitucional ha señalado, por
ejemplo en sus sentencias Comandante Patiño I (STC 171/1990) y Comandante
Patiño II (STC 172/1990), que significan que se pierda el amparo de la libertad
de información y no sea aceptable la inmisión en el honor de los ciudadanos,
aunque se traten asuntos veraces y de interés público, pues una interpretación
amplia de la exigencia de profesionalidad periodística que incluye la Constitución
obliga a excluir ciertos excesos expresivos y calificativos innecesarios y que nada
aportan, con el contenido material del reportaje y de la información periodística
que se aporta, esto es, la denuncia de unos hechos que se han considerado no
solo de evidente interés público sino, además, veraces hasta el extremo de ser el
origen de varias investigaciones judiciales, ¿tiene sentido que una democracia
liberal y transparente, donde la fiscalización de los poderes públicos sea efectiva,
no permita que se publique algo así?
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