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enfrentamientos pero a la vez de búsqueda de caminos comunes.
La imposición de las políticas neoliberales a partir de inicios y mediados de
la década de los años 80, exigirá una mayor apertura y una readecuación de
las políticas gubernamentales frente a la autoconstrucción y la progresividad
del hábitat popular, modificándose drásticamente las reglas del financiamiento
y la regulación urbana y constructiva, mientras se impulsan programas de
regularización de la propiedad de la tierra urbana, y se promueve la
descentralización y la privatización de los programas de la política social en
general.
Este importante giro provocará nuevos puntos de encuentro que generarán
una densa trama de acuerdos y desacuerdos entre los distintos actores sociales
alrededor de la autoconstrucción. Estos van desde el papel asignado a las
organizaciones comunitarias de base y a las ONG s (¿participación en la
definición de las acciones y delegación de poder o simples instancias de
ejecución de políticas centralmente acordadas?), pasan por el problema de la
rentabilidad económica de este tipo de proyectos en la medida en que se
pretende que el mercado participe activamente en ellos, llegan al problema de
la atomización del marco jurídico y las competencias de los gobiernos centrales
y locales.
Nos encontramos así frente a una situación sumamente volátil donde
muchas cuestiones están aún en proceso de definición, la que abarca no sólo
la problemática del hábitat popular sino todos los aspectos de la realidad social.
Destaquemos la situación de la variable acceso a la tierra urbana. Es
solamente durante el último período que los programas de regularización de
la tierra urbana crean condiciones, antes muy difíciles de alcanzar, para impulsar
proyectos de autoconstrucción y vivienda progresiva. Sin embargo, dado que
estos programas enfatizan casi exclusivamente en la propiedad individual, se
favorece la autoconstrucción espontánea y se corre el riesgo (a menos que se
legisle en sentido contrario), de introducir irrestrictamente al mercado viviendas
autoconstruídas, corriéndose el riesgo de perder el esfuerzo que muchas
familias han realizado durante largo tiempo si la situación económica de la
mayoría de los sectores sociales populares no mejora sustancialmente.
Por otra parte, al limitarse al problema legal, no se considera el hecho de
que muchos de los terrenos, que se están regularizando se encuentran
sometidos a fuertes riesgos ambientales.
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