La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Catalina Pérez Correa, Alonso Rodríguez Eternod
La desproporción de la legislación de drogas
Dada la violencia implícita en el uso del derecho penal, su uso debe regirse por el
principio de ultima ratio (como último recurso, cuando otros recursos han sido
probados y han fracasado) y por el de proporcionalidad (sólo en la medida que
es necesaria). En este texto, evaluamos la proporcionalidad de los delitos de drogas
que sancionan -por la vía penal y con sanciones privativas de libertad- todas
las conductas relacionadas con sustancias ilícitas (incluida la marihuana) desde
la posesión para consumo y la posesión simple, la siembra, el trasporte, hasta el
suministro gratuito. 127 Asimismo, usando el concepto de proporcionalidad penal,
comparamos las sanciones que reciben estos delitos con aquellos establecidos
para los delitos de corrupción, un tema que, al igual que las drogas, han marcado
la agenda nacional de los últimos años. Mostramos que, a pesar de la disparidad
entre en el daño que causa la corrupción y aquel que causa el uso de drogas,
existe una importante desproporción entre la forma que sancionan estas conductas.
En el caso de la mariguana, una sustancia cuyos efectos dañinos han sido
frecuentemente cuestionados, la disparidad se hace aún más notable cuando se
analizan las fuertes sanciones que se establecen para todas las conductas necesarias
para su consumo.
I. Contexto
La producción, posesión, tráfico, siembra, comercio y otros actos o conductas relacionadas
con drogas ilícitas en México (incluida la marihuana) están reguladas
en el Código Penal Federal bajo el capítulo de Delitos Contra la Salud. El mismo
ordenamiento (artículo 195°) remite a la Ley General de Salud para determinar
los casos en que las autoridades locales tienen competencia para investigar, perseguir
y sancionar los delitos contra la salud. 128 Así, es facultad de las autoridades
estatales perseguir delitos relacionados con suministro, comercio, posesión y posesión
con fines de venta, cuando las cantidades involucradas rebasen ciertos límites
(fijados en función de la tabla que establece las dosis personales) o cuando
127. Sólo se analizan las penas en prisión omitiendo cualquier otro tipo de sanción (multas económicas, inhabilitaciones,
entre otras).
128. El comercio se define como la venta, compra, adquisición o enajenación algún narcótico y el suministro como la
transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de narcóticos. (art 194, CPF)
Artículo 195°.- (…) La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del
fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474° de dicho ordenamiento.
Cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479° de la Ley General de Salud,
en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto
cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194° de este código.
no estén en alguno de los supuestos del artículo 474° de la Ley General de Salud, 129
en cuyo caso la persecución, procesamiento y sanción será responsabilidad de
las instancias federales. Salvo el consumo, todas las conductas relacionadas con
drogas ilícitas (incluida la posesión para consumo o el suministro gratuito) llevan
aparejadas penas de prisión.
México tiene 247,001 personas reclusas en sus 389 cárceles. De estas, 222,871
(90.2% del total de reclusos) se encuentran recluidas en cárceles estatales, del fuero
común ―o local―; mientras que 24,130 (9.78%%) viven en prisiones federales.
130 No todas las personas recluidas en los centros locales están procesadas o condenadas
por delitos del fuero local. 88.5% de internos en los centros locales están
acusadas por delitos del fuero local y 11.5% está por delitos del fuero federal. 131 En
las cárceles locales, los delitos ―o presuntos delitos, porque no todos delitos han
sido condenados― del fuero común más frecuentes son: robo 132 (39.4% de la población
encarcelada), homicidio (16.9%) y violación (6.3%). 4.5% de las personas encarceladas
en el fuero local fueron condenadas por delitos de narcomenudeo 133 . De
las personas internas en cárceles locales por delitos del fuero federal, las conductas
más sancionadas o procesadas son contra la salud (39%) y las relacionados con armas
de fuego (39%). 134 En una investigación previa, encontramos 18,464 personas
internas por delitos contra la salud en los 24 estados que dieron información. 135
Respecto a la población interna en centros federales, 9.3% se encuentra por delitos
del fuero común y 90.7% por delitos del fuero federal. 136 En enero de 2015, del
129. Art. 474° Ley General de Salud-. Las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos
siguientes:
I. En los casos de delincuencia organizada.
II. La cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de este artículo.
III. El narcótico no esté contemplado en la tabla.
IV. Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación:
a) Prevenga en el conocimiento del asunto, o
b) Solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación.
130. Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Rehabilitación Social (OADPRS), Cuaderno Mensual de
Estadística Penitenciaria, enero 2016 (México, D.F.: ÓADPRS, enero 2016), 3.
131. OADPRS, Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria, enero 2016.
132. Se agrupan diversas modalidades de robo: de vehículo, a casa habitación, a negocio, a transeúnte en vía pública, de
autopartes, a institución bancaria, de ganado, a transeúnte en espacio abierto al público, a persona en lugar privado, a
transportista, en transporte público colectivo, en transporte individual, entre otros.
133. Por narcomenudeo nos referimos a los delitos establecidos en la Ley General de Salud sancionados por los códigos
penales estatales.
134. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales 2015,” INEGI, http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2015/
(consultada el 12 de junio de 2016)
135. Véase Pérez Correa & Javier Romero (2016) Las entidades que aportaron información fueron: Baja California, Campeche,
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas
136. OADPRS, Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria, enero 2016
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