La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Diego Rodríguez, Fabiola Mondragón, Ariana García, Alejandro Madrazo
El costo (constitucional) del arraigo:
un legado de la guerra contra las drogas.
men de derechos restringidos para los acusados y para otras personas involucradas
en el proceso, como se verá más adelante. 37
Como parte de esta reforma, el arraigo fue introducido explícitamente en el texto
constitucional, pero sin atender la decisión de la SCJN sobre su inconstitucionalidad
y los motivos que lo consideran incompatible con algunos derechos fundamentales.
El artículo 16 de la Constitución quedó como sigue:
“La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos
de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las
modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta
días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección
de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse,
siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le
dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los
ochenta días”. 38
En teoría, conforme a la propuesta de reforma constitucional, a nivel federal, el uso
del arraigo debía ser exclusivo para los delitos cometidos en la modalidad de delincuencia
organizada. Sin embargo, en un artículo transitorio se estableció que, mientras
no entrara en vigor el nuevo sistema penal adversarial, el Ministerio Público
tenía la posibilidad de solicitar el arraigo al juez por cualquier delito considerado
grave y no sólo por delitos cometidos en la modalidad de delincuencia organizada.
Los artículos transitorios otorgaron un plazo de ocho años para instalar el nuevo
sistema penal y para que, tanto la Federación como los estados, adecuaran su marco
jurídico. En contraste, el régimen de excepción entró en vigor inmediatamente. 39
3. El arraigo como un costo constitucional
De acuerdo con Barreto y Madrazo, un costo constitucional es el deterioro o la
anulación de un compromiso constitucional, mediante la introducción «de reglas
37. Alejandro Madrazo, “El impacto de la política de drogas 2006-2012 en la legislación federal”, en Cuadernos de Trabajo del
Seminario del Programa de Política de Drogas, núm. 7 (junio 2014).
38. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I (De los Derechos Humanos y sus
Garantías), Artículo 16.
39. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos transitorios segundo y décimo primero. Publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
o contraprincipios que va[n] en detrimento de un compromiso constitucional sin
que el compromiso constitucional sea revisado o renunciado». 40
Los compromisos constitucionales son valores, principios o derechos que orientan
la interpretación de las normas. Se trata de piezas clave del proyecto constitucional
que articulan la identidad de la comunidad política. Los compromisos
constitucionales son los que mantienen la continuidad de la identidad de la comunidad
política, ya que son compromisos que trascienden a las generaciones. Ante
su desgaste o la adopción de medidas incompatibles, es posible que la comunidad
política siga existiendo, pero «si las fronteras que le delimitan y los compromisos
colectivos que le dan cohesión son erosionados hasta abandonárseles, será una
comunidad política distinta». 41
Los costos constitucionales, en su extremo, tienen el potencial de transformar la comunidad
política, pero lo hacen en conflicto con los compromisos constitucionales
sostenidos y, en ese sentido, la desfiguran. Es decir, los costos constitucionales son
cambios normativos que no van encaminados a sustituir o renunciar a un compromiso
constitucional, ni a consolidarlo o profundizarlo, sino que operan en su contra,
al mismo tiempo que se sostiene su vigencia. Esto genera una contradicción al
interior del orden constitucional, que lo vuelve incongruente y le resta legitimidad.
En México, de una u otra forma, los derechos fundamentales han sido compromisos
constitucionales centrales para la construcción de la comunidad política.
Desde 1857, la Constitución establecía los derechos del hombre y la Constitución
de 1917 —aún vigente— reformuló el compromiso y los articuló como garantías
individuales. Este compromiso constitucional fue notablemente reafirmado, ampliado
y actualizado con la reforma de 2011. 42
Las dos características centrales de los derechos fundamentales se desprenden
del Principio de Igualdad. La primera característica es que los derechos fundamentales
son universales, lo que quiere decir que son «igualmente» de todos. La
segunda característica es que son indisponibles e inalienables, es decir, nadie puede
dividirlos, alterarlos, renunciarlos, transferirlos, intercambiarlos, negociarlos
40. Barreto y Madrazo, Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas, 159.
41. Barreto y Madrazo, Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas, 160.
42. La reforma constitucional de 2011: i) transformó las garantías individuales en derechos humanos; ii) en lugar de
«otorgar» derechos, pasó a «reconocer» los derechos humanos establecidos tanto en la misma Constitución como en los
tratados internacionales; iii) incorporó los principios pro persona, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, y iv) estableció la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
entre otras modificaciones.
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