La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Aidee Gracia Rodríguez
Recuento histórico del prohibicionismo de la cannabis
en México, su fracaso e inminente regulación.
diluye con algunos matices, pero lo realmente terrible es que no hemos logrado
superar el marasmo que nos mantiene sumidos en el abismo desde los años cuarenta,
en los que ya se había logrado reconocer que las adicciones no se curan con
medidas carcelarias.
Retomando el prohibicionismo
En 1945, el Presidente Manuel Ávila Camacho emitió un decreto que declaraba
como “Ley de Emergencia” al capítulo primero, título séptimo, del Código Penal
para el Distrito y Territorios Federales, relativo a la tenencia y tráfico de enervantes,
con lo cual se estableció que durante el tiempo en el que prevaleciera la
suspensión de garantías (decretada en 1942 por la situación de la guerra 21 ), los
delitos contra la salud tendrían repercusiones jurídicas muy graves, debido a que
las penas por la comisión de ese tipo de delitos, no sólo implicarían la privación
de la libertad, sino también estarían sujetos a las leyes de suspensión de garantías,
en las cuales se tenía contemplada incluso la pena de muerte.
La Ley de Emergencia Sobre Delitos Contra la Salud tuvo una vigencia de siete
meses, porque estuvo vinculada con la consumación de la Segunda Guerra Mundial.
Con el levantamiento de la suspensión de garantías decretada por el Presidente
Ávila Camacho en diciembre de 1945, los procesos penales que quedaban
pendientes continuarían su curso, pero las condenas de pena de muerte por los
delitos cometidos durante el tiempo de la suspensión de garantías fueron reemplazadas
por la pena de treinta años de prisión.
Al iniciar el periodo de gobierno del Presidente Miguel Alemán, se endurecieron
las penas relativas a los delitos contra la salud en contra de quienes participaran
en el cultivo, producción, tenencia y tráfico de drogas enervantes; las sanciones
podían alcanzar hasta diez años de prisión, y en el caso de la importación, las
penas alcanzaban hasta doce años de prisión, sin posibilidad de solicitar libertad
condicional. En estas reformas también incorporó la obligación de observar los
preceptos establecidos en las convenciones internacionales de estupefacientes
suscritas por México.
21. México se declaró en estado de guerra en junio de 1942 motivado por las agresiones que recibió de parte de los países
del Eje: Alemania, Italia y Japón; ya que submarinos alemanes hundieron a dos barcos petroleros mexicanos, el “Potrero del
Llano”y el “Faja de Oro”, matando a 23 ciudadanos mexicanos. Después de la declaración de guerra, México perdería en
el Golfo otros cuatro barcos, también atacados y hundidos por los submarinos alemanes: el “Tuxpam”, “Las Choapas”,
“Oaxaca” y “Amatlán”.
Resulta curioso que durante el régimen de Díaz Ordaz, el régimen de punitivo relativo
a los delitos contra la salud se flexibilizó. Con las reformas al Código Penal
del 8 de marzo de 1968, se redujeron las penas para la producción y tráfico de
estupefacientes y se despenalizó la portación de éstas substancias para quienes
fueran considerados como “toxicómanos”. De manera explícita se incluyó en el último
párrafo del artículo 195° del Código Penal que: “No es delito la posesión, por
parte de un toxicómano, de estupefacientes en cantidad tal que racionalmente sea
necesaria para su consumo”.
La despenalización del consumo para las personas con dependencia se mantuvo
vigente hasta la reforma de 1978, que fue cuando se suprimió del texto del
Código Penal, la disposición que establecía que no se consideraba delito la posesión
de estupefacientes o psicotrópicos cuando las personas tenían el hábito
de consumirlos.
Fue entonces cuando se introdujo la disposición que establecía que, por intermediación
y a juicio del ministerio público, y sólo si se demostraba que la cantidad
en posesión de una persona con dependencia no excedía la de consumo inmediato,
sería remitida a disposición de las autoridades sanitarias.
Es justamente a partir de esta reforma cuando comienza la etapa de la criminalización
de los usuarios, porque la autoridad sanitaria pasa a un segundo plano y el
consumidor debe enfrentarse en un primer momento ante la autoridad judicial y
demostrar que no está cometiendo un delito.
En 1984 se expidió la Ley General de Salud, la cual contiene todo el régimen punitivo
en el tema de drogas. Esta ley ha ido tomando características cada vez más
severas y ha endurecido el régimen de sanciones, alejándose cada vez más del
precepto constitucional de la protección de la salud.
A partir de las reformas a la Ley General de Salud impulsadas por el gobierno de
Felipe Calderón en materia de narcomenudeo y la portación de narcóticos, se estableció
la responsabilidad compartida entre el Gobierno Federal y los gobiernos
de las entidades federativas en la persecución de los delitos contra la salud en la
modalidad de narcomenudeo. También se contemplaron disposiciones que despenalizan
el consumo personal e inmediato en dosis mínimas, pero la portación
de cualquier cantidad está penalizada y, por lo tanto, las sanciones para los usuarios
se mantienen, al igual que la criminalización de las personas que consumen.
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