La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Jorge Javier Romero
Prohibición y mercado negro
ral, órgano dependiente de la Presidencia de la República, para llevar a cabo una
“campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenan al individuo
y degeneran la raza”; aunque estableció que éstas serían revisadas por el
Congreso de la Unión en los aspectos que fueran pertinentes. En 1920, el gobierno
de Venustiano Carranza decretó la primera reglamentación prohibicionista, y
gradualmente las normas relativas a la venta, distribución y consumo de lo que
se llamó “drogas enervantes”, se fueron endureciendo, con un breve paréntesis al
final del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se adoptó un reglamento de toxicomanías
con un enfoque que hoy llamaríamos “de reducción de daños”, el cual
fue suspendido a menos de seis meses de haber sido puesto en vigor (Schievenini,
2012. Enciso, 2015).
Durante décadas, sin embargo, la estrategia dominante en el mundo para el control
del mercado de sustancias sicotrópicas se basó en mecanismos de fiscalización,
que no implicaban un uso amplio de la violencia por parte del Estado; tanto
los tratados previos a la Segunda Guerra Mundial, como La Convención Única
de 1961 Sobre Estupefacientes, aprobada ya en el marco de la ONU, mantuvieron
esencialmente ese enfoque. Sin embargo, a partir de 1971 –cuando el presidente
en funciones de los Estados Unidos, Richard Nixon, estableció que el enemigo
público número uno de la sociedad norteamericana era el consumo de drogas
ilícitas, y declaró la guerra a las drogas– el gobierno norteamericano impuso al
mundo la utilización de las fuerzas del Estado y del sistema de justicia penal para
perseguir la producción, el tráfico y el consumo de sustancias “estupefacientes”,
y propició la extensión de la prohibición a las drogas sicodélicas en los tratados
internacionales. Años después, el gobierno de Ronald Reagan impulsó el fortalecimiento
del prohibicionismo y propició una nueva convención de la ONU, la de
1988, para perseguir con mayor rigor los delitos relativos a las drogas, recurriendo
incluso al encarcelamiento de los consumidores.
La política de drogas imperante en el mundo desde hace casi medio siglo se ha
basado en cuatro líneas principales de acción: la erradicación de cultivos ilegales;
el combate a los grupos involucrados en la producción y el tráfico de drogas; el
bloqueo de las principales rutas usadas para el tráfico de drogas y el hostigamiento
o la criminalización de los consumidores de sustancias ilícitas. Se trató de un
conjunto de políticas que se echó a andar sin ninguna evaluación de costo–beneficio
de su diseño inicial (Atuesta, 2015) y que ha fracasado evidentemente en su
objetivo central: eliminar, o al menos disminuir sustancialmente el consumo de
las sustancias objeto de la prohibición. Es más: la política de prohibición ha producido
costos devastadores a los países productores y de tránsito. El escenario
actual presenta un panorama en el cual el crimen organizado es el único ganador;
en donde los riesgos a la salud asociados al consumo han aumentado hasta alcanzar
en algunos países proporciones de un verdadero problema de salud pública,
precisamente debido a la prohibición y, sobre todo, donde la violencia asociada
a las políticas de drogas se ha convertido en un problema social de dimensiones
mucho mayores que el consumo de drogas en sí mismo.
El tema de los mercados clandestinos, y cómo estos generan incentivos para la
existencia del crimen organizado para que éste construya su ventaja competitiva
con base en la violencia, ha sido revisado por diverso autores desde hace décadas;
desde los artículos pioneros de Milton Friedman sobre el tema –el primero de los
cuales fue publicado en Newsweek en mayo de 1972 4 , al poco de la declaratoria
de guerra de Nixon– hasta los estudios mucho más detallados de Peter Reuter
(2003) o Francisco Thoumi (2003). Friedman arranca su crítica a la guerra contra
las drogas de Nixon con el recuerdo de los efectos de la prohibición del alcohol
–defendida por sus impulsores puritanos como la puerta de entrada a una sociedad
de paz y armonía– sobre el orden jurídico y la paz social: “La prohibición
minó el respeto a la ley, corrompió a los agentes de la ley, creó un clima moral
decadente, pero no detuvo el consumo de alcohol”.
La argumentación de Friedman era premonitoria:
“Pongamos el tema desde nuestra perspectiva personal. La situación es muy
clara. El daño que nos causa a los no adictos la adicción de los demás proviene,
casi en su totalidad, del hecho de que las drogas son ilegales . Una reciente comisión
del Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association)
estima que los adictos cometen entre un tercio y la mitad de todos los delitos
callejeros en los EE.UU. Si se legalizaren las drogas, la delincuencia callejera se
reduciría drásticamente . Por otra parte, los adictos y los traficantes de poca
monta no son los únicos dañados: sumas inmensas están en juego. Es inevitable
que algunos policías relativamente mal pagados y otros funcionarios gubernamentales,
incluso algunos mejor pagados, sucumban a la tentación de recoger
el dinero fácil.”
Los mercados ilegales, sobre todo cuando se trata de productos con demandas
relativamente altas y estables, generan incentivos económicos lo suficientemente
altos como para que existan organizaciones que se especialicen en satisfacer la
4. Friedman, Milton. Prohibition and Drugs, Newsweek. 1 de mayo de 1972. En línea: goo.gl/WjPPkA
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