La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Rosemary Safie
La marihuana en el Congreso de la Unión
a diferencia de los 3 gramos de la primera iniciativa y de los 5 gramos que se logran
en la mal llamada Ley de Narcomenudeo del gobierno de Calderón. Las iniciativas
reflejaban el intenso debate sobre la política de drogas que ya se había iniciado, no
solo en el ámbito internacional, sino también en nuestro país.
General de Salud del 2009, que otorgó competencia a las entidades federativas en
materia de persecución de delitos contra la salud –la llamada “Ley de Narcomenudeo”
del Presidente Calderón-, así como en la reforma del nuevo sistema penal
acusatorio que establece el principio de oportunidad en la persecución de delitos.
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Igualmente importante, el Senador Roberto Gil (PAN), en calidad de Presidente de
la Comisión de Justicia, presentó en el 2014 una iniciativa que pretende crear la Ley
Nacional de Beneficios de Liberación Anticipada para sentenciados por delitos no
violentos relacionados con el consumo o posesión de marihuana. Dicho ordenamiento
beneficiaria al 40% de los hombres encarcelados por delitos contra la salud
que no incurrieron en actos de violencia, y en el caso de las mujeres, señala que el
88% de las reclusas purgan sentencias por delitos de drogas, de las cuales el 91%
no portaban armas al momento de la comisión del delito. La propuesta imprime
una visión de derechos humanos a la fallida guerra contra las drogas.
En ese periodo el diputado de Nueva Alianza, René Fujiwara, presentó una iniciativa
para permitir el uso industrial del cáñamo, lo que puso en evidencia que la
prohibición nos ha llevado incluso a dejar de utilizar dicha fibra con fines que no
tienen que ver con las propiedades psicoactivas de la cannabis.
Estas iniciativas presentadas en la LXII Legislatura reflejan una diversidad importante
de temas relacionados con la regulación de la mariguana. Desde la excarcelación
por delitos de posesión hasta el auto-cultivo, haciendo hincapié en
que la estrategia que enarboló el ex presidente Felipe Calderón, la cual consistía
en un ataque frontal en contra del crimen organizado y el narcotráfico, estaba
completamente errada. El problema, de acuerdo a la exposición de motivos de las
iniciativas, tiene que tratarse desde una perspectiva integral que contemple tanto
la oferta como la demanda, los derechos humanos y la libertad de las personas.
Congresos locales
Es a partir de esfuerzos aislados de legisladores progresistas, tanto en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal como en el Congreso de Jalisco, cuando el
tema de la regulación a nivel local empieza a tener un peso significativo en la opinión
pública. En el año 2013, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los
diputados Vidal Llerenas y Esthela Damián, en ese momento ambos del PRD, presentaron
una iniciativa para la descriminalización de la posesión de la marihuana
bajo un esquema local amparada en la reforma al Código Penal Federal y la Ley
Se pretendía que, bajo el principio de oportunidad en la persecución del delito,
simplemente no se pusieran a disposición de un ministerio público a los poseedores
de cannabis. De manera alternativa, estas personas se canalizarían a un
comité de disuasión, conformado por expertos en salud, que proporcionarían a
los usuarios información y, en su caso, recomendarían un tratamiento no obligatorio.
También se proponían establecer espacios seguros para que se realizaran
transacciones de marihuana.
A pesar de la simpatía inicial mostrada por Miguel Ángel Mancera, el Jefe de Gobierno
de la Capital, la iniciativa no tuvo el apoyo del gobierno local y no fue dictaminada
en la ALDF. Se perdió la oportunidad de que la capital del país siguiera
siendo pionera en causas progresistas, como lo había sido en los casos de aborto y
matrimonio igualitario. En todo caso, se puso sobre la mesa la idea de que el principio
de oportunidad en la persecución del delito sirviera como alternativa para no
procesar a las personas por la mera posesión de cannabis, al no ser, evidentemente,
una prioridad para la seguridad pública, aun cuando continúa siendo un delito. Se
trata de un modelo de descriminalización que funciona en otras naciones.
El diputado del PRD, Enrique Velázquez, en el Congreso de Jalisco, presentó también
en ese periodo una iniciativa para ampliar la cantidad de marihuana permitida
sin que un consumidor sea procesado (30 gramos). También propuso establecer
políticas de prevención con un enfoque de reducción de riesgos y daños. La iniciativa
llamó poderosamente la atención e inició un debate al respecto en la entidad.
Cabe señalar que incluso el gobernador priísta de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se
ha manifestado a favor de regular el uso de la marihuana.
En resumen, han sido realmente pocos los intentos de legislar cualquier asunto
de regulación de mariguana a nivel local. Fuera del Congreso Federal, de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y del Congreso de Jalisco, no existe una agenda
para generar cambios normativos o nuevos enfoques en materia de política de
drogas. Desgraciadamente, y en buena medida debido al activismo de funcionarios
de agencias estadounidenses, financiados por la llamada Iniciativa Mérida,
se han establecido a nivel local las llamadas “cortes de drogas”, que en realidad
criminalizan aún más a los consumidores y establecen tratamientos obligatorios.
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