La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Amaya Ordorika Imaz
El impacto de la guerra contra las drogas en los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
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para combatir a quienes las producen, distribuyen, venden y consumen. A nivel global,
el avance de esta supuesta amenaza ha servido como la justificación perfecta
para la aplicación de políticas de seguridad de mano dura. 58 En América Latina, las
respuestas estatales, fuertemente influenciadas y financiadas por Estados Unidos 59 ,
se han basado en implementar estrategias de seguridad militarizadas para el combate
al narcotráfico 60 .
En este texto, se busca analizar el impacto de este modelo en su implementación
en México; en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, con el objetivo de evidenciar que el prohibicionismo y la guerra contra
las drogas son obstáculos para el goce pleno de estos derechos.
La guerra contra las drogas en México y el estado de excepción
En México, el narcotráfico fue señalado como una amenaza para la seguridad
nacional en la década de los ochenta, 61 y el ejército ha participado en tareas de
combate al narcotráfico, correspondientes a corporaciones de seguridad civiles,
desde los años sesenta 62 . No obstante, las fuerzas armadas no tuvieron un papel
central en la estrategia de seguridad nacional hasta la administración federal del
Partido Acción Nacional. 63 En el 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró
“una guerra sin cuartel para liberar a México de las garras de la delincuencia
organizada, de la violencia y de las drogas y, desde luego y principalmente, para
evitar que nuestros jóvenes caigan en las garras de las adicciones” 64 .
La guerra contra el narcotráfico que inició la administración del presidente Felipe
Calderón, la aportación mexicana a la guerra mundial contra las drogas, consistió
en la militarización de la seguridad nacional por medio de la sustitución de titu-
58. CELS, El impacto de….
59. La asistencia militar de Estados Unidos a México, a través del Departamento de Estado, incluyendo fondos de la Iniciativa
Mérida, un plan anti-narcóticos inicialmente diseñado para durar tres años, sumó 2.4 mil millones de dólares entre el 2008
y el 2015. Gabrielle Acierno y Sarah Kinosian, The Kingpin Strategy and U.S. Assistance to Mexico’s Drug War: Visible Results,
Hidden Costs, en Security Assistance Monitor (Sitio web), 23 de marzo de 2015, consultado el 18 de julio de 2016, www.
securityassistance.org/blog/kingpin-strategy-and-us-assistance-mexico’s-drug-war-visible-results-hidden-costs.
60. CELS, El impacto de…, 10.
61. Luis Astorga, “El tráfico de drogas, la seguridad y la opción militar”, en Globalización, poderes y seguridad nacional, Vol.
2, Coords. Alberto Aziz y Jorge Alonso Sánchez (México D.F.: Miguel Ángel Porrúa, 2005), 405-432.
62. Gustavo Castillo García, “Luchan contra el narco 94 mil 540 militares; en 1950 lo hacían 3 mil”, La Jornada (sitio web), 28
de marzo 2010, consultado el 4 de julio 2016, www.jornada.unam.mx/2010/03/28/politica/005n1pol.
63. Astorga, El tráfico de drogas…”, 405-432.
64. Presidencia de la República, “El Presidente Calderón en la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida”, en
Presidencia de la República (sitio web), 26 de junio de 2008, consultado el 10 de junio de 2016, http://calderon.presidencia.
gob.mx/2008/06/el-presidente-calderon-en-la-campana-nacional-de-informacion-para-una-nueva-vida/.
lares de las secretarías de seguridad pública estatales y municipales por militares
con licencia o en retiro 65 ; la transferencia de militares a la Policía Federal 66 y la
participación de las fuerzas armadas directamente en operativos de combate al
narcotráfico. Para el año 2011, las Secretarías de Seguridad Pública de 12 estados
eran dirigidas por militares en activo o en retiro 67 ; las corporaciones policiales
de 25 estados eran presididas por personas con trayectoria militar 68 y 96 mil 261
efectivos militares participaban en tareas de seguridad pública 69 .
A lo largo del sexenio presidencial siguiente, la administración del presidente Enrique
Peña Nieto ha continuado la estrategia de seguridad militarizada. De acuerdo
con el Informe de la Misión a México del relator especial sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, más de 32,000 militares continuaban
participando activamente en tareas de seguridad pública a principios
del 2015 y, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA), en diciembre del 2014 continuaban activas al menos
10 operaciones de seguridad nacional iniciadas en el sexenio previo en las que
participan las fuerzas armadas 70 . A esto se suman al menos 4 nuevas operaciones
iniciadas en el sexenio 2012-2018 en las que participa la SEDENA 71 .
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que los
derechos establecidos en los tratados y convenios internacionales no pueden ser
suspendidos más que “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la
vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente”. 72 En
México no se ha declarado un estado de excepción, por lo que la actuación de las
fuerzas armadas en este marco genera una ambigüedad preocupante. 73
65. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos
Humanos, A.C.(CMDPDH) y Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), Informe sobre presunta
comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California entre 2006 y 2012 (México D.F.: FIDH, 2014), consultado el 10
de junio de 2016, https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_mexique-ld2-1-2.pdf.
66. Luis Astorga, ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón (México
D.F.: Grijalbo, 2015).
67. Marcelo Galán y corresponsales, “Militares, a cargo de la seguridad en 17 entidades”, El Universal, 28 de febrero de 2011,
consultado el 28 de enero de 2016, http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/36411.html.
68. Marcelo Galán y corresponsales, “Militares…”.
69. Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), CMDPDH, CCDH, Informe sobre el estado del marco normativo
y la práctica de la tortura en México (México D.F.: CMDPDH, 2014), consultado el 10 de junio de 2016, 6, http://www.
cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-sobre-tortura-relator-onu-abril-2014.pdf.
70. SEDENA, “Folio n.° 0000700211514”, en Plataforma Nacional de Transparencia (sitio web), 18 de diciembre de
2014, consultado el 10 de junio de 2016, https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/rMedioElectP.
action?idFolioSol=0000700211514&idTipoResp=6#.
71. SEDENA, “Folio n.° 0000700211514”.
72. Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de
diciembre de 1966, consultado el 18 de julio de 2016, artículo4, www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.
73. Comité Internacional de la Cruz Roja, Violencia y uso de la fuerza, octubre de 2015, consultado el 14 de junio de 2016,
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/violencia-y-uso-de-la-fuerza_(web).pdf.
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