La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Diego Rodríguez, Fabiola Mondragón, Ariana García, Alejandro Madrazo
El costo (constitucional) del arraigo:
un legado de la guerra contra las drogas.
ta parte de los delitos tipificados en el fuero federal. 55 La asociación automática
del arraigo a una categoría arbitraria hizo innecesario discutir si un delito ameritaba,
por sus características, ser investigado bajo esta figura excepcional. El resultado
es que algunas conductas, como violar los derechos de autor —una práctica
extendida en este país y de poco impacto en el bienestar de la población si se
le compara, por ejemplo, con el secuestro—, pueden ser investigadas mediante
una medida planteada, originalmente, para combatir la delincuencia organizada.
Es decir, en cierta medida, se equiparan estas conductas, generando que algunos
delitos sean susceptibles de ser investigados bajo un régimen de excepción, justificado
por la peligrosidad de la delincuencia organizada, sin que se den razones
sobre porqué se utiliza una medida que se reconoce como excepcional.
Este argumento, en la práctica, se refuerza al observar los datos sobre cómo es
utilizado el arraigo. Como muestran los datos, el arraigo se utilizó principalmente
en personas sentenciadas por delitos contra la salud, la mayoría de las veces sin
que fueran sentenciadas por delincuencia organizada. Las conductas de las personas
sentenciadas por delitos contra la salud más sometidas al arraigo fueron la
posesión y el transporte. Perseguir y castigar estos delitos no debilita la estructura
del crimen organizado, y son los que menos impacto tienen en la cadena de
producción del mercado de las drogas. Tampoco son delitos que atentan directamente
contra los derechos fundamentales de terceros (como el homicidio o el
secuestro) y, en cambio, el uso del arraigo sí transgrede derechos fundamentales
de los presuntos delincuentes.
5. Conclusiones
La reforma de 2008, por un lado, protege varios derechos fundamentales relacionados
con el debido proceso y la defensa adecuada. Sin embargo, por otro lado,
la misma reforma estableció un sistema de excepción, que incluye al arraigo, el
cual opera en contra de los mismos derechos que la reforma pretende proteger.
Esta contradicción interna del sistema judicial le resta legitimidad a nuestra comunidad
política y debilita compromisos constitucionales trascendentales para
su funcionamiento.
En la práctica, el arraigo es una herramienta para detener arbitrariamente a las
personas «sospechosas» de haber cometido algún delito, sin pruebas sólidas, con
el objeto de que la detención coadyuve en el proceso de investigación, ya sea para
obtener información, en ocasiones por medio de la tortura, o para que el arraigado
no intervenga en la investigación. De esta forma, el arraigo se ha convertido en
una forma de subsanar las deficiencias e ineficiencias de las autoridades encargadas
de la investigación y persecución de delitos.
En este sentido, el arraigo no sólo es un costo constitucional, sino que también
debe concluirse que no es una medida proporcional. Por un lado, el arraigo es un
costo constitucional porque crea derechos diferentes no sólo para los inculpados,
sino para cualquiera que esté involucrado —directa o indirectamente— con la
delincuencia organizada o en delitos graves (hasta 2016), lo que atenta contra varios
compromisos constitucionales elementales de nuestra democracia (el principio
de igualdad, el derecho a una defensa adecuada, la presunción de inocencia,
el debido proceso y la libertad personal, entre otros). Por otro lado, el arraigo no
es proporcional, porque el costo de utilizarlo es castigar a personas por ser sospechosas
de delitos que, en muchas ocasiones, no son graves (no en la definición
legal, sino en términos de impacto social) y aceptar, en muchos casos, la tortura
como método de investigación. Las violaciones a los derechos fundamentales que
el arraigo y la tortura implican, difícilmente, se compensan con una mayor eficacia
en la persecución de los delitos. Más bien, el papel del arraigo parece ser el
de facilitar a las autoridades su trabajo, permitiéndoles sustituir la investigación
con el interrogatorio en contextos poco transparentes. En palabras más sencillas,
el arraigo puede explicarse como la forma en que los legisladores, en el contexto
de la guerra contra las drogas, optaron por solapar la ineptitud e ineficiencia del
Ministerio Público o, al menos, convalidar constitucionalmente (y extender) sus
malas prácticas. Con esa decisión, hemos legado una Constitución menos consistente
y proporcionada a las generaciones venideras.
55. La Clasificación Estadística de Delitos 2012 del INEGI identifica 565 delitos del fuero federal establecidos en el Código
Penal Federal (abrogado en 2016) y en las demás leyes federales. De esos 565 delitos, 110 son considerados delitos graves,
de acuerdo con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Elaboración propia con base en la Clasificación
estadística de delitos 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (disponible en http://www3.inegi.org.mx/
sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825004061) y en el Código Federal de Procedimientos Penales.
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