La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Lisa Sánchez
Drogas: la manzana de la discordia en Naciones Unidas
6. Privilegiar la proporcionalidad de las penas y la implementación
de alternativas al encarcelamiento, proporcionando servicios de tratamiento,
educación, rehabilitación y reinserción social para la población
en reclusión.
7. Fortalecer un frente común global ante la delincuencia organizada
transnacional e intensificar la cooperación internacional, incluyendo
el cerrar espacios para las operaciones financieras ilícitas y delitos conexos,
como el tráfico de armas.
8. Refrendar el principio de responsabilidad común y compartida y
entender el problema mundial de las drogas como un fenómeno global
cuyas respuestas a los nuevos retos deben de ser consensuadas
internacionalmente, ofreciendo a cada país la posibilidad de adaptar
su propia política nacional de drogas.
9. Promover mandatos concretos en los organismos internacionales
que lleven a una mayor coherencia y colaboración entre agencias especializadas
del sistema de Naciones Unidas, con el fin de abordar todos
los aspectos del problema mundial de las drogas.
10. Apoyar la Agenda 2030 como una herramienta necesaria para alinear
los esfuerzos y políticas internacionales, incluidas las políticas
de drogas, a favor del desarrollo, la inclusión, la transversalidad de un
enfoque de género y el bienestar de las personas en todos los ámbitos.
Cuadro 2 – La victoria desapercibida de los Derechos Humanos
De acuerdo a los expertos en política de drogas y derechos humanos,
Rick Lines y Damon Barret, el documento de resultados de la UNGASS
2016 incluye la provisión sobre derechos humanos más importante que
se haya adoptado jamás en una resolución sobre fiscalización de drogas.
El párrafo que la contiene, que es posible encontrar en la página 16 de
la Resolución de la Asamblea General “Nuestro compromiso conjunto
de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las
drogas” A/S-30/1 (19 de abril de 2016), acuerda:
o) Promover y aplicar respuestas en materia de justicia penal a los delitos
relacionados con las drogas, a fin de llevar a sus autores ante la
justicia, que sean eficaces y respeten las garantías legales y procesales
propias del proceso penal, incluidas medidas prácticas que respalden la
prohibición de la detención y la privación de libertad arbitrarias y la tortura
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y eliminen
la impunidad, de conformidad con el derecho internacional pertinente
y aplicable y teniendo en cuenta las reglas y normas de las Naciones
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, y asegurar el
pronto acceso a la asistencia letrada y el derecho a un juicio justo.
¿Qué significa?
Primero, que los Estados Miembros deberán adoptar medidas para
que las actividades de lucha contra las drogas tengan consonancia con
las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos. Es decir,
tomar acciones concretas para garantizar que, derechos rutinariamente
violados en nombre del control de drogas como el derecho a la
libertad y a la seguridad, la prohibición de la tortura y el derecho a un
juicio justo, sean respetados.
Segundo, dado que el párrafo no incluye las famosas salvedades “cuando
proceda” o “de acuerdo a la legislación nacional” (bajo las que se
escudan la mayoría de los Estados cuando no quieren cumplir con sus
obligaciones), aquí el marco jurídico aplicable es entonces el derecho
internacional vigente y las reglas y normas de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito y justicia penal. Esto, a su vez, significa:
acatar la prohibición de la detención y el arresto arbitrario, mantener
la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes, garantizar el acceso oportuno a la justicia gratuita, garantizar
el derecho a un juicio justo y eliminar la impunidad.
Tercero, dado que el cumplimiento de los compromisos de la disposición
requiere un seguimiento continuo y transparente de los progresos
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