La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Mario Delgado
Tirar los muros del prohibicionismo
matividad para erradicar el régimen de prohibición absoluta y lograr un modelo
de control de marihuana, que también contemple el uso de cannabis para autoconsumo,
medicinal, científico, industrial, tradicional y otros más.
El papel, tanto del Ejecutivo como de Legislativo, se ha quedado corto frente a las
obligaciones en la materia. Ha sido el Poder Judicial, con sus recientes decisiones,
quien ha enfatizado la progresividad y la centralidad de las libertades individuales,
y ha puesto la ruta para derribar el muro del prohibicionismo.
En este debate muchos siguen anclados por las falsas creencias, en una visión
sobre la marihuana propia de los estereotipos, del conservadurismo y a espaldas
de la ciencia. La salud –nuestro mayor bien- depende de la ciencia, y el daño que
causan las sustancias derivadas de plantas puede ser comprobado científicamente
y sometido a una adecuada regulación.
La ciencia indica que la planta cannabis, por sus características y sus derivados, es
apta para ser utilizada como medicamento en seres humanos, y los datos también
muestran que hay otras sustancias y productos (alcohol y tabaco) que causan mayores
daños individuales y sociales.
En el escenario hay una idea falsa sobre las consecuencias de las decisiones políticas
que se tomen, suposiciones sobre un escenario improbable. Se percibe un
mundo de catástrofes derivadas de una legalización, mayor consumo de drogas
blandas y duras entre los jóvenes; incremento incontrolable de la violencia; transgresiones
sistemáticas a la ley y el orden público, sumadas a una mayor victimización
y daños colaterales.
Pero eso es un mundo imaginario, basado en prejuicios que nos impiden ver más
bien la cruel realidad, sin capacidad para mirar lo que hoy tenemos enfrente: el
mayor nivel de violencia y víctimas que haya conocido el pueblo mexicano, producto
de una guerra desastrosa.
El costo para la sociedad de la prohibición es muy alto. La manutención de cada
reo en penales federales cuesta poco más de 74,000 pesos anuales, según datos del
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno
Federal. Se gastan alrededor de 225 millones de pesos anuales en mantener
a consumidores en penales federales, sin contar lo que se gasta en las cárceles locales.
Además, los detenidos dejan de realizar una actividad económica remunerable.
El abandono del gobierno y del Legislativo mantendrá la criminalización contra
los usuarios encarcelados por consumo de marihuana. Hoy, siete de cada diez
usuarios de drogas han sido extorsionados por la autoridad. A los miles de ciudadanos
que están en la cárcel, tendremos que sumar a los que serán enviados a la
cárcel por consumir o poseer marihuana para su consumo personal. 17
El gran reto que tenemos enfrente es ¿qué vamos a hacer para respetar los derechos
humanos y las libertades? ¿cómo hacemos para desvincular a los usuarios
de las drogas de las garras de los criminales? Mientras la marihuana, la droga de
mayor uso, se mantenga en la ilegalidad, estaremos orillando a los usuarios a ser
extorsionados, a convivir con criminales, y a ser víctimas de la corrupción y la
economía del crimen.
Desafortunadamente, seguimos haciendo especulaciones sobre el futuro, sin que
asumamos la responsabilidad ética y política de mirar y reparar el actual desastre
que tenemos enfrente. Como se dice comúnmente, nos preocupamos mucho sin
ocuparnos nada.
6. Riesgo político, futuro incierto
La regulación de la marihuana tiene un futuro incierto porque se encuentra sujeta
a criterios políticos de cara a la elección de 2018. Pero el problema es que los derechos
humanos no pueden esperar más. Tenemos que pasar de inmediato de un
modelo de violencia, de seguridad y prisiones, a un enfoque de paz, de libertades
y de tratamiento basado en salud. Pasar de la política pública instituida por la
guerra del gobierno a una que se basa en las libertades de los ciudadanos.
Un enfoque de derechos humanos debería concentrarse en varios aspectos, entre
los que se encuentran la prevención para proteger a los menores de edad, y
en especial a las niñas y mujeres; fortalecer las estrategias de prevención en las
escuelas e incorporar la perspectiva de género; otorgar tratamientos médicos a
las personas drogodependientes y, en el ámbito social y económico, lograr la reconversión
de cultivos, al mismo tiempo que se evita la criminalización de los más
vulnerables.
17 Cfr. CIDE. Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales. En 2012, 62%de las personas sentenciadas lo estaban
por delitos contra la salud. De ésas, 58.7% habían sido sentenciadas por un delito relacionado con la marihuana y 38.5% por
el delito de posesión. Al cruzar los datos de la encuesta con otros estudios se calcula que, en 2011, había 1,509 personas
internas en penales federales por delitos relacionados con posesión simple de marihuana y otras 1,537 personas en proceso
por los mismos delitos. Eso sin considerar los reos del fuero común.
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