La regulación de la marihuana en México La reforma inevitable

Corina Giacomello
Mujeres y políticas de drogas: Apuntes para políticas públicas
con perspectiva de género.
cramiento de mujeres y niñas en el uso, abuso y tráfico de drogas. De esta manera
se vislumbra el perfil de “mujer usuarias” y “mujer traficante” de drogas ilícitas
propuesto por la Resolución: madre de familia, pobre y sin estudios.
También se reafirma el rol de liderazgo indiscutido de la CND como órgano normativo
de asuntos relacionados con las drogas en las Naciones Unidas (p.p. 12),
aunque se reconoce también el papel desempeñado por la sociedad civil (p.p. 13).
El preámbulo concluye con un recordatorio acerca de los compromisos asumidos
con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer “de poner fin a toda discriminación contra la mujer, en particular
mediante el logro de la igualdad de acceso de las mujeres a los servicios de salud”
(CND 2016, p. 3).
El énfasis en los servicios de salud reafirma, por un lado, la necesidad de enfrentar
el uso y abuso de drogas como un asunto de salud y no de derecho penal,
una transición discursiva y normativa sin duda deseable. Sin embargo, reduce la
perspectiva de género a “asuntos de mujeres” y las especificidades y necesidades
femeninas a cuestiones que son fruto meramente de las diferencias anatómicas y
biológicas entre hombres y mujeres.
Los párrafos operativos enuncian líneas de acciones a seguir por los Estados
Miembros, a saber, la elaboración y aplicación de programas y políticas de drogas
que “tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, en particular
las mujeres y las niñas, incluida la necesidad de acceso a servicios de salud adaptados
específicamente a sus necesidades, y las necesidades de las mujeres que
sean responsables únicas o principales del cuidado de menores y otras personas,
e intercambien información y mejores prácticas a ese respecto” (o.p. 1; CND
2016, p. 3). Nuevamente las necesidades de las mujeres se refieren a cuestiones
de salud y a responsabilidades culturales derivadas de la conversión de funciones
reproductivas asociadas a la maternidad en deberes sociales (de cuidado).
Se insta a los Estados a producir conocimiento cuantitativo y cualitativo sobre
mujeres y uso de drogas, para subsanar la escasez actual de datos (o.p. 2) y a tomar
en cuenta las contribuciones de las mujeres y las niñas en la formulación y
ejecución de programas y políticas de drogas (o.p. 3).
Con respecto a las mujeres usuarias, destaca el o.p. 8, además de los señalados
anteriormente:
“8. Alienta a los Estados Miembros a que presten servicios de atención y tratamiento
de los trastornos relacionados con el consumo de sustancias
basados en datos científicos que tengan en cuenta la perspectiva de la salud
y la seguridad públicas y que se adapten a las necesidades de las mujeres
y las niñas, y alienta también a los Estados Miembros a que amplíen
la cobertura de los programas existentes y garanticen el acceso a esos
programas y ofrezcan capacitación y supervisión a todos los profesionales
de la salud y la atención social competentes que trabajen con mujeres,
inclusive en entornos penitenciarios, de conformidad con la legislación nacional”
(CND 2016, p. 5) [énfasis añadido].
La mayoría de los demás párrafos operativos se concentran en las mujeres acusadas de
cometer delitos relacionados con drogas, resaltando los siguientes puntos:
• Que se tomen en cuentas las circunstancias y necesidades específicas de
mujeres y niñas acusadas o juzgadas por la comisión de un delito de drogas
en el ámbito preventivo y de ejecución de la pena (o.p. 4);
• La aplicación de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes
(Reglas de Bangkok) y otros textos relativos a las personas privadas
de la libertad (o.p. 4);
• Acciones para prevenir la utilización de mujeres y niñas como correos humanos
(o.p. 5);
• La imposición de medidas cautelares o de sanciones no privativas de la
libertad en los casos de mujeres embarazadas o principales o únicas cuidadoras
de un niño (o.p. 6);
• La imposición de sanciones privativas de la libertad cuando se trate de
delitos graves o violentos (o. p. 6);
• Proporcionar a las mujeres entornos seguros y medidas alternativas a la
prisión en los casos de delitos menores relacionados con las drogas (o.p. 7).
Los párrafos del 9 al 12 remiten a cuestiones de índole técnica y financiera, que
desde luego son clave pero cuyo análisis rebasa los fines de este texto.
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