FINAL Sala de Togas 87 web

OPINIÓN
ha sido quinta potencia mundial desde principios del siglo XX
en la construcción de presas y pantanos para generar
electricidad y abastecer de agua para riego a las zonas habitadas.
Pero, ¿y si te dijera que en 2021 fueron demolidas 108
presas?; ¿eres conocedor de que en el verano de 2021 las
compañías eléctricas aprovecharon los altos precios en la
factura de la luz para vaciar embalses y producir a más bajo
coste?; ¿y que la Xunta de Galicia impuso una sanción de
200.000 euros a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil,
Naturgy e Iberdrola por alterar el curso natural de los ríos y
vaciar los embalses de Cenza, As Portas, Belesar y Salas el
pasado verano?
Para ilustrar este extremo, pondré como ejemplo la noticia
publicada por el periódico La Vanguardia en fecha 17 de
mayo de 2022, cuyo titular reza: “España lidera la lista europea
de demolición de presas, represas y azudes que alteran los
ríos.”
Entonces, entenderás mejor que la falta de lluvias no es el
único factor que ha influido en la sequía y no se estamos
ante un fenómeno exclusivamente meteorológico, sino ante
una actuación saqueadora de grandes empresas que han
construido un lucrativo negocio para limitar el grifo del “oro
azul”. ¡Porque se alteran los ríos!. Y esto alcanza su auge
desde que en diciembre de 2020 comenzara a cotizar el agua
en Wall Street, acumulando una ganancia de 147%, pasando
de tener un valor de 496 dólares a 1.226 dólares por
acre-pie.
Realmente no somos conscientes del mundo en el que
vivimos y que estamos construyendo -o destruyendocuando
ponemos coto al acceso a los bienes que la naturaleza
nos otorga para vivir por encima de leyes positivistas.
Por ello, cuando ponemos un precio a acceder libremente al
agua como necesidad vital para dejar su gestión a grandes
empresas y organismos gubernamentales que atienden
exclusivamente a intereses de mercado, emergen los
siguientes dilemas: ¿qué “derecho” legal y moral pretende
imponerse para limitar o impedir que un ser vivo –especialmente
un ser humano– pueda hacer uso del agua, impidiendo
su acceso si no paga el precio impuesto por las grandes
compañías o no está sujeto a una cuota de asignación con la
excusa de la oferta limitada de este bien?; si el cuerpo
humano está compuesto entre un 60 y un 80 % de agua y
solamente puede sobrevivir entre tres y cinco días sin agua,
¿qué estaríamos dispuestos a hacer o a pagar para que
nuestros seres queridos, los animales de compañía y el
ganado que nos alimenta, los campos que cultivamos y
nuestro propio ser no muriesen?
Con esta hoja de ruta que llevan años trazando se pretende
que las grandes multinacionales gestoras del agua que
controlan fondos de inversión, en connivencia con confederaciones
hidrográficas, comunidades de regantes y asociaciones
ecologistas, tengan el monopolio para decidir la
cantidad de agua que puedes emplear para regar y cultivar
tus campos; proveer de la misma a tu casa, tus animales,
tus municipios; y producir energía. En resumidas cuentas, a
decidir el precio de nuestras vidas.
No es que vaya a centrar mi alegato en un discurso exclusivamente
crítico con cariz moral, pues bien sabemos que lo
que interesa a la amplia mayoría de lectores de esta revista
es la fundamentación jurídica y, especialmente, a los profesionales
del Derecho administrativo. Siendo consciente de
que el Derecho del agua que se encuadra en la rama jurídica
mencionada es muy extenso y complejo donde se maneja al
mismo tiempo civil, penal y mercantil, no procede detallar y
analizar al detalle todos sus pormenores en este artículo,
pues ya sería objeto de otra publicación para un estudio
jurídico. Por ello, vamos a entrar someramente en la materia
jurídica que prueba esta guerra que se está llevando a
cabo contra el líquido vital desde hace décadas.
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, consagra
en su artículo tercero que “la fase atmosférica del ciclo hidrológico
sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración
del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice.”
Entonces, ¿con este precepto nos están diciendo que se está
modificando curso natural del ciclo del agua?; ¿con qué
finalidad: provocar precipitaciones para favorecer cultivos y
abastecimiento o inducir sequías?
Más reciente es el anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid en fecha 21 de julio de 2020 (núm.
175), donde se refleja la autorización temporal de la solicitud
de la Confederación Hidrográfica del Tajo -cuya referencia
del expediente es AH-0001/20202- para “evitar precipitaciones
en forma de granizo o pedrizo, desde 1 de mayo a 30 de
septiembre”, consistente en una “red antigranizo formada por
24 generadores de yoduro de plata en las comarcas de la Baja
Campiña y Las Vegas.” ¿Con qué finalidad se emplea el
yoduro de plata? Evita el tan indeseado granizo, pero
también disipa las nubes. Ahora se van entendiendo mejor
las cosas.
En este contexto de alarma por la sequía, se aprobó el
Decreto 178/2021, de 15 de julio, por el que se regulan los
indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales
para la gestión de los recursos hídricos en las Demarcaciones
Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía; el
mismo habilita para activar declaraciones de sequía. Mientras
tanto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
la más extensa de estas tierras andaluzas y la más conflictiva,
es responsable de la demolición de varios depósitos y
presas y está pendiente de tomar la decisión de demoler la
Central Hidroeléctrica de Casas Nueva de Marmolejo (Jaén).
Entonces, en marzo de 2022 fue aprobada la ampliación del
decreto de sequía y medidas urgentes para movilizar 141,5
millones de euros para invertir en infraestructuras que no
evitan el problema generado por quienes nos ofrecen, a su
vez, la solución.
¿Por qué los poderes hacen del agua un negocio y no un
derecho básico accesible en libertad? Para ellos, dependerá
de si la tienes o la necesitas. Lo que sí podemos colegir es
que todo esto repercute en las personas, el ecosistema y la
fauna de forma devastadora.
Querido lector, expuestos los aspectos más destacables de
este tema tan extenso y polémico, lo que pretendo con estas
palabras es apelar a tu conciencia como jurista, periodista,
profesor pero, sobre todo, ciudadano. Espero que esta
lectura haya servido para invitarte a estimular tu innata
capacidad de discernir e investigar, tan ligada a esta respetable
profesión de los que portamos la toga.
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