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FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
reconoce también expresamente el
derecho al honor, intimidad y propia
imagen de los menores en su artículo
4, cuyo apartado 1 declara que dentro
de tales derechos, deberán entenderse
incluidos también la inviolabilidad
del domicilio familiar y de la correspondencia,
así como el secreto de las
comunicaciones. La protección de estos
derechos de los menores parece
reforzarse en esta ley en el sentido de
considerar ilegítimas ciertas intromisiones
realizadas por los medios de
comunicación (aquellas utilizaciones
de su imagen o nombre que puedan
implicar menoscabo de su honra o reputación
o que sean contrarias a sus
intereses) incluso aunque hubiera
mediado el consentimiento del menor
o de sus representantes legales (art.
4.3). Critica esta norma M. Yzquierdo
Toslada, “Daños a los derechos de la
personalidad(honor, intimidad y propia
imagen” en Tratado de Responsabilidad
Civil, señalando que de acuerdo
con su tenor literal, la utilización
inconsentida de la imagen de un menor
que no afectase a su honra o reputación
o no fuera contraria a sus intereses
no sería ilícita. Entiendo que
probablemente la intención del legislador
en esta norma sea poner de relieve
que el consentimiento de los representantes
legales del menor no
legitima en todo caso las intromisiones
en sus bienes de la personalidad.
En el ámbito penal, LO 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores (LOR-
PM), dispone que”..en ningún caso se
permitirá que los medios de comunicación
social obtengan o difundan
imágenes del menor ni datos que permitan
su identificación (artículo 35.2)
y, prevé la protección del derecho del
menor internado a “su dignidad y su
intimidad, a ser designados por su
propio nombre y a que su condición
de internados sea estrictamente reservada
a terceros” (artículo 56.2,c).
En la misma línea el artículo 681 LE-
Crim cuando establece la prohibición
absoluta de obtención divulgación o
publicación de imágenes de la víctima
menor de edad o con discapacidad o
de sus familiares.
En nuestro país, está todavía pendiente
una regulación más específica
de la protección de estos derechos en
el entorno online y ello a pesar de que
el legislados se ha hecho eco en numerosas
ocasiones de los riesgos que
entraña esta nueva realidad para los
niños y adolescentes.
En la Disposición Adicional Decimonovena
de la Ley3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales
y de Garantía de Derechos Digitales
se dirige un mandato al Gobierno
para que en el plazo de un año
desde la entrada en vigor de esta ley
orgánica, remita al Congreso de los
Diputados un proyecto de ley dirigido
específicamente a garantizar los derechos
de los menores ante el impacto
de Internet, con el fin de proteger
su seguridad y luchar contra la discriminación
y la violencia que sobre los
mismos es ejercida mediante las
nuevas tecnologías.
Aunque este mandato no se ha cumplido
en su totalidad, podemos ver
una referencia a la protección de los
menores frente a la violencia en Internet
en la Ley Orgánica 8/2021, de 4
de junio, de protección integral a la
infancia y a la adolescencia frente a la
violencia, dentro de la cual se incluye
la violencia digital, esto es la ejercida
mediante tecnologías de la información,
junto a las injurias y calumnias,
el acoso escolar, el ciberacoso o la difusión
pública de datos privados. El
legislador es consciente de que el
ámbito de Internet y de las redes sociales
es especialmente sensible a
estos efectos, por lo que implementa
una serie de medidas dirigidas a aumentar
la sensibilización para el rechazo
y eliminación de todo tipo de
violencia sobre la infancia y la adolescencia,
a prevenir este tipo de conductas,
a impulsar su detección precoz
y a educar a los menores para que
puedan reconocer la violencia y reaccionar
frente a ella (artículo 3, apartados
a) a d)). Es importante, en este
sentido, el objetivo que persigue esta
ley de promocionar la formación de los
menores en este ámbito (artículos 5 y
32), así como de reforzar el ejercicio de
su derecho a ser oídos en contextos de
violencia contra ellos, asegurando su
protección y evitando su victimización
secundaria.
En el ámbito europeo, el Reglamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a un mercado
único de servicios digitales y por
el que se modifica la Directiva
2000/31/CE, de 19 de octubre de 2022
(Reglamento de Servicios Digitales),
establece una serie de obligaciones
para las plataformas en línea, entre
las que menciona las redes sociales,
para atajar algunos de los riesgos sistémicos
que se producen en el marco
de estas, cuando son de gran tamaño.
Entre estos riesgos sistémicos se
mencionan “los derechos del niño”
(considerando 81) o “cualquier efecto
negativo real o previsible en relación
con la violencia de género, la protección
de la salud pública y los menores
y las consecuencias negativas graves
para el bienestar físico y mental de la
persona” (artículo 34.1.d). Más específicamente,
en el artículo 28 se contienen
normas particulares relativas
a protección online del menor, imponiendo
a los operadores de plataformas
en línea a las que accedan menores
de edad la obligación de implementar
medidas adecuadas y proporcionadas
para garantizarles un elevado
nivel de privacidad, seguridad y
protección en su servicio.
Los objetivos de este nuevo Reglamento
( en adelante, RSD) son dos. En
primer lugar, contribuir al correcto
funcionamiento del mercado interior
de servicios intermediarios y, en segundo
lugar establecer normas uniformes
para un entorno seguro, predecible
y confiable, donde los derechos
fundamentales se encuentren
protegidos, incluidos los del consumidor.
El RSD trata de erradicar los contenidos
ilícitos en la red, protegiendo al
mismo tiempo las libertades de expresión
e información. Todo ello, sin
imponer a los intermediarios un deber
general de supervisión o búsqueda
activa de hechos, incorporado un
procedimiento de take down notice
que los prestadores de servicios de-berán
implementar para que puedan
conocer la existencia de contenidos
ilícitos cargados por los usuarios y difundidos
al público.
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El concepto de contenido ilícito debe
definirse de forma genérica y determinarse
tanto por el Derecho de la
Unión Europea como por la legislación
de los Estados miembros. El ám-
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