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FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
bito territorial de aplicación del RSD
es el aplicable a los prestadores que
presten sus servicios a destinatarios
que tengan su lugar de establecimiento
o estén situados en la Unión
Europea, con independencia del lugar
de establecimiento de los prestadores
de dichos servicios (artículo 2.1).
2.- El conflicto entre los derechos
fundamentales al honor, intimidad
personal y familiar y propia imagen
y las libertades de expresión y de
información.
En el conflicto entre los bienes de la
personalidad que son la intimidad y el
honor, por un lado, y las libertades de
expresión e información, por otro, es
doctrina consolidada de nuestro Tribunal
Constitucional que tal conflicto
deberá resolverse realizando una
ponderación de los distintos valores
en conflicto, lo que obligará a valorar
las circunstancias concretas del caso
para determinar cuál de ellos debe
prevalecer. Planteado un conflicto
entre libertad de expresión e información
y los derechos al honor intimidad
y propia imagen, el punto de
partida de nuestro Tribunal Constitucional
es la posición prevalente, que
no jerárquica, que la libertad de información
y de expresión tienen sobre
los derechos de la personalidad, en
atención a su doble carácter de libertades
individuales y de garantías institucionales
de una opinión pública libre,
que es “una institución consustancial
al Estado democrático que los
poderes públicos tienen especial
obligación de proteger”. Este valor
preferente alcanza su máximo nivel
cuando la libertad es ejercida por los
profesionales de la información a través
del vehículo institucionalizado de
formación de la opinión pública, que
es la prensa, entendida en su más
amplia acepción (STC 165/1987, de 27
de octubre).
Pues bien, cuando el conflicto entre
estos derechos fundamentales se
traslada al ámbito de los menores de
edad, la postura del Tribunal Constitucional
ha sido diferente, pues se ha
decantado por hacer prevalecer los
derechos de la personalidad de los menores
sobre las libertades de expresión
e información, con base en el argumento
de que su protección debe estar más
reforzada que en el caso de las personas
adultas (STC 62/1982, de 15 de octubre;
STC134/1999, de 15 de julio;
STC 127/2003, de 30 de junio). Esta inversión
de la jerarquía ha sido sancionada
expresamente en el artículo 20.4
CE que plasma el principio del interés
superior del menor y que también podemos
encontrar en preceptos como
en el artículo 39.3 y 4.
De límite infranqueable habla el Tribunal
Constitucional, lo que significa
que no hay interés general que pueda
justificar que se desvelen datos íntimos
de un menor ni garantía constitucional
que pueda otorgar protección
al adulto que desvela aspectos
de la vida privada del menor o de la
suya propia que pudieran incidir en la
intimidad o en la reputación del niño o
niña.
En la misma línea que el Tribunal
Constitucional, nuestro Tribunal Supremo
y las Audiencias Provinciales
han señalado que la ponderación entre
las libertades de expresión e información
y los derechos de honor e intimidad
de un niño o niña no debe ser la
misma que la que tiene lugar en relación
con los mayores de edad, pues lo
que debe primar aquí es el interés superior
del menor.
3.- El consentimiento del menor
como presupuesto que legitima la
intromisión
El artículo 2 de la LO 1/1982, de 5 de
mayo señala que no se apreciará la
existencia de intromisión ilegítima
“cuando el titular del derecho hubiere
otorgado al efecto su consentimiento
expreso”. La razón, es que “corresponde
a cada persona acotar el ámbito
de intimidad personal y familiar
que reserva al conocimiento ajeno
(SSTC, de 22 de abril, 196/2006, de 3
de julio).
El artículo 3 especifica que “el consentimiento
de los menores e incapaces
deberá prestarse por ellos mismos
si sus condiciones de madurez lo
permiten, de acuerdo con la legislación
civil”. En los restantes casos, el
consentimiento deberá otorgarse
mediante escrito por su representante
legal, quien estará obligado a poner
en conocimiento previo del Ministerio
Fiscal el consentimiento proyectado
y, si en plazo de ocho días el Ministerio
público se opusiera, entonces deberá
resolver el juez.
Esta disposición resulta coherente
con lo señalado en el artículo 162 CC,
que también exceptúa del ámbito de
la representación legal paterna los
actos relativos a los derechos de la
personalidad que el hijo de acuerdo
con su madurez, pueda ejercitar por
sí mismo.
La indeterminación del concepto de
madurez suficiente impide establecer
a priori una línea divisoria a partir de
la cual quepa considerar que el menor
de edad ha adquirido tal madurez,
lo que siempre introduce cierta incertidumbre
o inseguridad.
En relación con este precepto de la
LO 1/1982, la propia Fiscalía General
del Estado puso de manifiesto en su
Instrucción 2/2006, de 15 de marzo,
sobre el Fiscal y la protección al derecho
al honor, intimidad y propia imagen
de los menores, su escaso cumplimiento
en la práctica y, una vez
realizada tal constatación, dio instrucciones
a sus fiscales para que se
abstuvieran de intervenir si llegara a
su conocimiento que los progenitores
de algún menor no hubieran cubierto
este trámite, siempre que la intromisión
no pudiera considerarse perjudicial
para el niño.
En el entorno online, cuyo manejo por
los menores resulta tan frecuente,
las intervenciones del Ministerio Fiscal
o, de los padres y tutores tendrán
lugar más bien a posteriori para evitar
que se prolongue en el tiempo la intromisión
consentida por el menor inmaduro.
En la LO 1/1996, de Protección Jurídica
del Menor, la fuerza legitimadora
del consentimiento del menor maduro,
o de sus representantes legales,
queda muy debilitada cuando tales intromisiones
tienen lugar a través de -
los medios de comunicación, considerando
intromisión ilegítima cualquier
utilización de su imagen o su nombre -
en los medios de comunicación que -
pueda implicar menoscabo de su
honra o reputación, o que sea contraria
a sus intereses incluso si consta el
consentimiento del menor o de sus representantes
legales.
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