FINAL Sala de Togas 87 web

RETAZOS DE LA HISTORIA
Durante este plazo se podrá acordar que el penado ahora
en libertad condicional cumpla determinadas medidas sobre
su comportamiento, establecidas en los arts. 83, 86, 87
ó 91 CP.
A pesar de que parece que la competencia se otorgaba íntegramente
en la ejecución de esta pena al Tribunal Sentenciador,
se establece que en el caso de incumplimiento
de alguna de las medidas, será el Juez de Vigilancia el encargado
de revocar la suspensión.
Si el Tribunal Sentenciador no concede esta suspensión, se
podrá solicitar de nuevo, pero siempre que se deje un año
desde que se denegó la petición.
Una vez superado el periodo de suspensión la pena quedará
extinguida.
En segundo lugar, nos debemos plantear a continuación,
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige
siempre, desde luego, y sin perjuicio de los específicos requerimientos
que imponen cada una de sus distintas facetas
o vertientes, que las resoluciones judiciales sean motivadas
y fundadas en Derecho, sin incurrir en irrazonabilidad,
arbitrariedad o error patente (Sentencias del Tribunal
Constitucional 25/2000, de 31 de enero y 5/2002, de 14 de
enero, entre otras). En particular, el deber de motivación
supone (por todas, sentencia del Tribunal Constitucional
214/2000, de 18 de septiembre) que las resoluciones judiciales
han de venir apoyadas en razones que permitan conocer
cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores
de la decisión, es decir, cuál ha sido su ratio
decidendi.
Según la Sentencia TC 102/1984 podemos destacar dentro
de su contenido por lo que se refiere al recurso pendiente,
que se precisa “conseguir una resolución fundada en derecho”.
Se refiere a una resolución sobre el fondo, estimando o
desestimando la pretensión, salvo que no concurra alguno
de los presupuestos procesales y se inadmita por cuestiones
de forma y de manera razonada. Debe estar fundada en
derecho, lo que no es derecho a una determinada estructura
o forma, ni a su acierto, sino a una motivación coherente
de la solución dada.
Se llegó a reconstruir el suceso en algunas publicaciones (Archivo BALJRC)
que hoy en día, en respeto al derecho a la tutela judicial
efectiva que recoge el art. 24,2 de la Constitución, la sentencia
debe estar absolutamente motivada, lo que no ocurría
a principios del siglo pasado.
Este requisito busca los siguientes fines, garantizar el control
por tribunales superiores, lograr la convicción de las
partes sobre la justicia y corrección de la decisión y mostrar
públicamente la ausencia de arbitrariedad en la decisión
judicial.
Así mismo, sería interesante saber cuáles son las razones
por las que se debe apreciar la circunstancia modificativa
agravante de alevosía.
En la actualidad, en el art. 22,1 CP, establece que “hay alevosía
cuando el culpable comete cualquiera de los delitos
contra las personas empleando en la ejecución medios, modos
o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla,
sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de
la defensa por parte del ofendido”.
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