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FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
nes lingüísticas se han desarrollado,
casi exclusivamente, de forma
evaluativa; esto es, analizando
leyes ya elaboradas. Sin embargo,
sería conveniente contemplar,
cuando menos como posibilidad
razonable, intervenciones prescriptivas
que revisaran la adecuada
—y pertinente—elaboración
lingüística de los textos legales
antes de ser promulgados.
2. El lenguaje jurídico, que trasciende
el mero ámbito de la ley del que se
ocupa el apartado anterior, para
ocuparse del tecnolecto jurídico
en toda su extensión. Este ha sido
un punto de debate intenso en la
bibliografía. Por una parte, se ha
reclamado una mayor accesibilidad
a este, argumentando que las
acciones del aparato judicial repercuten
en todo el tejido social.
Pero, por otra, la precisión conceptual
de la terminología aparece
como un garante de ecuanimidad.
Sin duda, el lenguaje jurídico
introduce en una coyuntura delicada,
máxime porque la OCDE ya
recomendó en 2012 su reforma,
junto con la del lenguaje administrativo.
Se ha convertido, por
tanto, en un requisito no eludible
para el desarrollo de las sociedades
modernas que algunas de
ellas han empezado a asumir. El
caso italiano, con una sociolingüística
de primer nivel como E.
Zuanelli al frente de esas actuaciones,
puede ser un paradigma
que oriente futuras intervenciones
en otros países (García Marcos,
2015).
3. La interacción jurídica, parcela
más centrada en los distintos
tipos de intercambios comunicativos
que se producen durante el
desarrollo de la actividad judicial,
tanto en la oralidad como en la escritura.
En principio, aporta información
descriptiva para caracterizar
esas interacciones. Pero, indudablemente,
de sus resultados
pueden extraerse consecuencias
que lleven a plantearse la adecuación
(o no) de los protocolos empleados.
En EE. UU., por mencionar
un ejemplo clásico y relativamente
estudiado, se ha discutido
si el trato verbal es desproporcionadamente
agresivo (o no) con los
encausados de color (García
Marcos, 2004).
4. Lingüística forense, encargada de
realizar distintos tipos de peritajes
lingüísticos que pueden resultar
de utilidad en los procesos judiciales.
En este punto, los lingüistas
insisten en la conveniencia de recurrir
a sus diagnósticos. Se producen
casos de informes periciales
lingüísticos emitidos desde
fuera del rigor científico que solo
aportan los lingüistas, en tanto
que expertos en la materia. Al
margen de ese poco recomendable
intrusismo profesional, lo
cierto es que se está en condiciones
de ofrecer peritajes de naturaleza
y alcance diversos, en función
del aspecto lingüístico examinado
a. Análisis de voces, sobre todo para
establecer la identidad y caracterización
sociolingüística de locutores.
En teoría, para ello se dispone
de instrumental adecuado
mediante el que proceder a esa
clase de identificaciones. Pero, de
inmediato, conviene aclarar que la
fonética experimental trabaja en
condiciones ideales de laboratorio
que, solo excepcionalmente, se
mantienen en las interacciones
ordinarias que se ven en los juzgados.
Por otra parte, existen otra
clase de elementos sociolingüísticos,
pragmalingüísticos y textuales
que permiten completar los
diagnósticos fónicos, por lo que es
muy recomendable contar con
ellos.
b. Plagio en la elaboración de textos
de cualquier naturaleza, ya sean
artísticos, ya científicos. Es cierto
que existen programas automáticos
que supuestamente realizan
esa tarea. Solo que son sumamente
imprecisos y de fiabilidad
escasa. Por el contrario, los lingüistas
pueden llegar a caracterizar
con solvencia las constantes
estilísticas que ejerce como seña
de identidad en la escritura de un
autor.
c. Diagnóstico de comportamiento de
violencia y odio verbales, con una
clara parametrización lingüística
que permite identificar esos comportamientos,
caracterizarlos y
establecer su nivel de gravedad.
d. Detección de verdad o falsedad de
enunciados (o declaraciones) de los
acusados, a partir de criterios
pragmalingüísticos. Existe una
línea de investigación especializada
en la pragmática de la mentira
que podría ser incorporada de
manera provechosa a la lingüística
jurídica.
5. Derechos lingüísticos, en los que
ha estado situada una de las últimas
fronteras desarrolladas por
la sociolingüística del siglo XXI,
sobre todo tras la Declaración
Universal de los Derechos Lingüísticos
(1999). A ello debe agregarse
que en algunos estados se
ha regulado explícitamente la
convivencia de las distintas lenguas
que los componen o incluso
la forma en que se emplea la
propia lengua vernácula. Del incumplimiento
de esas normas legales
se siguen las correspondientes
consecuencias. Quizá el
caso más llamativo fue el de la
Ópera de París en la década de los
70 (Boyer, 1991). En Francia existe
una oficina de planificación lingüística
encargada de convertir
cualquier extranjerismo al francés.
Esas conversiones se convierten
automáticamente en normativas
y de obligado cumplimiento.
Desatenderlas implica la
correspondiente multa, de la que
no se libró ni la mismísima institución
parisina, todo un emblema
cultural.
6. Traducción e interpretación juradas,
que ya constituían ámbitos
administrativos reconocidos y delimitados,
pero de los que se han
hecho cargo, tanto la traductología
como la lingüística aplicada,
también como terreno de estudio y
especialización.
Por supuesto, esa nómina es forzosa-mente
provisional. La trayectoria de la
lingüística jurídica no parece que haya
concluido. Casos como el de los dere-chos
lingüísticos, inimaginables para -
los fundadores de la disciplina, son un
exponente de la capacidad de adaptarse
a las demandas de cada época,
en el fondo, como le sucede al lenguaje
y al derecho.
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