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RETAZOS DE LA HISTORIA
vantes, la pena tenía que imponerse, según establecía el
art. 81,1º del Código tenía que ser la mayor, es decir la
pena de muerte.
En el Código Penal de 1870 se fijaban, en el art. 102 y siguientes
del mismo, determinadas normas sobre la forma
y el momento en el que debe ejecutarse la pena de muerte.
En concreto se decía que se ejecutaría “en garrote sobre
un tablado”.
La ejecución se hacía a las 24 horas de notificada la sentencia
firme al reo. Se hacía de día, con publicidad, y en el
lugar destinado generalmente al efecto o en el lugar que el
Tribunal determinare.
Esta pena no se podía ejecutar en días que fueran fiesta religiosa
o nacional. En la ejecución, el reo debía llevar ropa
negra y era conducido en un carruaje o en un carro al lugar
dónde se ejecutaría.
Una vez muerto, el cadáver quedaba expuesto en el patíbulo
hasta una hora antes de anochecer, entregándolo en ese
tiempo a sus parientes o amigos si lo solicitaban, pero señalando
el art. 104, que “el entierro no se podía hacer con
pompa.”
También se recogía que no se ejecutaría la pena de muerte
en una mujer que estuviera en cinta, señalando que la sentencia
no se le notificaría la misma hasta 10 días después
del alumbramiento.
Consta que Francisco Ortega y Agustina Rodríguez fueron
ejecutados en la mañana del 9 de septiembre de 2013.
No ocurrió así con Julio Hernández, que fue indultado el 3
de septiembre de 1913 por el Rey Alfonso XIII, conmutándosele
la pena de muerte por la de cadena perpetua, en base
a los informes médicos que determinaban cierto grado de
idiocia. También hubo petición de indulto para los otros dos
condenados a muerte, pero no fue concedido.
4.- Juicio Oral
Se celebró en el otoño de 1911 en la sede de la Audiencia
Provincial de Almería, que dictó sentencia condenatoria
para cuatro de los acusados, en la forma que hemos visto,
tres como autores y el cuarto como cómplice.
Se hizo bajo las normas de la Ley de Jurado aprobada el 20
de Abril de 1888, siendo Ministro de Gracia y Justicia Don
Manuel Alonso Martínez, estando en vigor, no sin alguna
que otra época de suspensión, hasta que en 1936 es derogado
por un bando del General Mola.
Se sigue un sistema muy parecido al actual, en el que los
Jurados son los que deciden con su veredicto los hechos
que dan como ciertos y los que no, y una vez conocidos estos,
es el Tribunal que preside el Juicio, el encargado de
hacer la calificación jurídica de los mismos.
Con independencia de las muchas críticas que se hizo en la
época a ésta Institución, la más suave quizás fuese la de tacharlo
de clasista, por los requisitos que se exigían para
formar parte del mismo, lo cierto es que estuvo en vigor
más de 47 años esta Ley.
Como peculiaridades que podíamos destacar, si lo comparamos
con la actual Ley de Jurado de 1995, es que eran 12
los miembros que formaban el Jurado (En 1931 la Segunda
República los redujo a 8), siempre con dos suplentes para
resolver cualquier imprevisto.
El Tribunal no estaba formado por un solo Magistrado
como ahora, sino que debían ser tres los Jueces que lo
presidieran, y en casos como el que nos ocupa del crimen
de Gádor, cuando se solicitaba la pena de muerte, serían
cinco Magistrados los que formaran el Tribunal.
Especialmente llama la atención los requisitos que se debían
tener para ser miembro del Jurado, dónde se necesitaba
ser:
• Mayor de 30 años
• Estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos
• Saber leer y escribir
• Ser cabeza de familia o tener algún título académico, con
residencia de más de cuatro años en la provincia
A continuación se recogían una serie de incompatibilidades
y excusas para no ser miembro del Jurado muy similares a
las actuales.
Pero es de destacar que para formar las listas de las personas
que podían ser miembros del Jurado, en cada partido
Judicial se formaban una o más de las llamadas por la
Ley “Juntas” encargadas de ello.
En estas Juntas hemos de destacar que eran miembros
natos el Curra Párroco y el Maestro Nacional más antiguo
de la localidad.
5.- Como se juzgaría hoy
Las primeras reflexiones que hemos de hacer es que por la
naturaleza del delito cometido, en principio nos da igual
que se califique como asesinato u homicidio, aunque no
hay duda de que todo parece indicar que nos encontramos
también ante un asesinato, se trata de un delito contra la
vida consumado, por lo que el enjuiciamiento debía hacerse
por la Ley de Jurado de 1995.
Siendo los ciudadanos que son llamados para formar el Jurado
los que determinarían los hechos que ocurrieron, y el
Magistrado-Presidente, según esos hechos, el que calificaría
los mismos, así como las posibles circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, la pena y la indemnización
que correspondería.
Aunque posteriormente lo detallaremos más, todo parece
indicar, que como en las sentencia de 1911, nos encontramos
ante un hecho en el que hay la muerte de un menor de
7 años, y realizada como se recoge en la sentencia originaria
con alevosía.
Por lo tanto, nos hemos de trasladar al art. 139 CP vigente
en la actualidad, que dice: 1. Será castigado con la pena de
prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato,
el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias
siguientes:
1.ª Con alevosía.
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