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FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
Este reforzamiento de la protección
de estos derechos se justifica por la
posibilidad de que el daño a tales bienes
jurídicos se multiplique exponencialmente
cuando la intromisión tiene
lugar a través de la prensa, televisión
o radio. Por esta razón, en estos casos
se reconoce al Ministerio Fiscal
la facultad de entablar acciones en
defensa del menor, bien sea de oficio
o a instancia del propio menor o de
cualquier persona interesada, física,
jurídica o entidad pública (artículo 4)
El fenómeno de Internet y de las redes
sociales no está contemplado en
esta normativa de mediados de los
años 90, pero las intromisiones que
se producen en este ámbito poseen la
suficiente difusión como para legitimar
una intervención del Ministerio
Fiscal en aquellos casos en que el interés
del menor se viera gravemente
perjudicado, aunque este fuera maduro
y hubiera consentido tal intromisión
o lo hubieran hecho en su lugar
sus representantes legales si aquel
careciera de las necesarias condiciones
de madurez. No en vano, la Ley
13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación
Audiovisual, que transpone
la Directiva (UE) del Parlamento
Europeo y del Consejo, 2018/1808, de
14 de noviembre, incluye como novedad
dentro de su regulación a los
prestadores de servicios de intercambio
de vídeos a través de plataformas
dentro de los cuales se encuentran
las redes sociales. Naturalmente,
para proceder a esta aplicación analógica
del artículo 4 LOPJM se debe
de tratar de intromisiones que se producen
en redes abiertas donde la difusión
de contenidos alcanza a un número
potencialmente ilimitado de
destinatarios.
El artículo 84, apartado 2 LOPDGDD,
que lleva por título Protección de los
menores en Internet indica que la utilización
o difusión de imágenes o información
personal de los menores en
redes sociales, que puedan implicar
una intromisión ilegítima en sus derechos
fundamentales, determinará
la intervención del Ministerio Fiscal,
que instará las medidas cautelares y de
protección previstas en la LO 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.
Dentro de este ámbito la intervención
del Ministerio Fiscal se producirá
más a instancia de persona interesada
(los progenitores, si no hubieran
dado su consentimiento) que de oficio.
Su rol puede ser clave para solicitar,
por ejemplo, a los prestadores
de los servicios de la sociedad de la
información la adopción de ciertas
medidas cautelares como que denieguen
el acceso del menor a la red social,
le cancelen su cuenta si las intromisiones
consentidas hubieran
sido reiteradas y perjudiciales para el
menor, o faciliten a sus progenitores
el acceso a su perfil para que puedan
verificar la realidad de tal vulneración,
su alcance y evitar con ello que
se perpetúe al daño. Y, por supuesto,
el el Ministerio Fiscal también cuenta
con legitimación para interponer acciones
en defensa de estos derechos
de las que sean titulares los representantes
legales del menor, pudiendo
actuar de oficio o a instancia del
propio menor o de cualquier persona
interesada, física, jurídica o entidad
pública (artículos 4.4 LOPJM Y 84.2
LOPDGDD.
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