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FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
acreedora de pensión compensatoria
siempre que:
1º.- entre la fecha del divorcio o separación
judicial y la fecha del fallecimiento
del causante, no hayan transcurrido
más de 10 años.
2º.- el vínculo matrimonial haya tenido
una duración mínima de 10 años.
3º.- además, se cumpla alguna de las
condiciones siguientes: o la existencia
de hijos o hijas comunes del matrimonio,
o que el beneficiario tenga
una edad superior a los 50 años en la
fecha del fallecimiento del causante.
En estos casos la cuantía de la pensión
resultante se calculará de acuerdo
con la normativa vigente con anterioridad
a 01-01-2008.
Lo dispuesto anteriormente se aplica
también a los fallecimientos producidos
entre el 01-01-2008 y el
31-12-1009, siempre que el divorcio o
separación judicial se haya producido
antes de enero de 2008, y su ex haya
fallecido antes de enero de 2009.
Conforme a la Sentencia 5/2012, de
24 de enero de 2012, del TSJ de La
Rioja, en supuestos de separación judicial
primero y divorcio después, en
el que no ha existido reconocimiento
de pensión compensatoria alguna, el
cómputo del plazo de 10 años recogido
en la Disposición Transitoria Decimoctava
de la LGSS cuando concurra
más de un beneficiario, la fecha que
ha de tenerse en consideración es la
de la sentencia de divorcio y no la de
separación, ya que la concurrencia
en la pensión de viudedad con otro
casado sólo puede darse en el divorcio,
no con la separación, pues de no
existir el divorcio no hubiera podido
producirse un segundo matrimonio
con la actora a concurrir en el porcentaje
de la pensión con la primera
esposa. Téngase presente el artículo
85 del C.C., el matrimonio se disuelve,
cualquiera que fuera la forma y tiempo
de su celebración, por la muerte o
declaración de fallecimiento y por el
divorcio.
Entre las sentencias de esa etapa
está la de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Oviedo
(ROJ: STSJ AS 494/2012), de 3 de febrero
de 2012, que da un trato diferente
y se puede aplicar en supuestos
análogos, máxime cuando en ese
caso, el INSS no le reconoce la condición
de víctima de violencia de género
y, por ende le denegó la pensión por
haber transcurrido más de 10 años
desde la fecha de la separación, y el
fallecimiento del causante; es decir,
por no reunir el requisito primero de
la Disposición Transitoria Decimoctava
de la LGSS.
Una nueva redacción a la pensión de
viudedad viene con la publicación del
Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre,
quedando su artículo 220, párrafo
1º con el siguiente tenor:
“1. En los casos de separación o divorcio,
el derecho a la pensión de viudedad
corresponderá a quien, concurriendo
los requisitos en cada caso exigidos en
el artículo 219, sea o haya sido cónyuge
legítimo, en este último caso siempre
que no haya contraído nuevas nupcias o
hubiera constituido una pareja de hecho
en los términos a que se refiere el
artículo siguiente.
Asimismo, se requerirá que las personas
divorciadas o separadas judicialmente
sean acreedoras de la pensión
compensatoria a que se refiere el artículo
97 del Código Civil y ésta quedará
extinguida a la muerte del causante. En
el supuesto de que la cuantía de la pensión
de viudedad fuera superior a la
pensión compensatoria, aquella se disminuirá
hasta alcanzar la cuantía de
esta última.
En todo caso, tendrán derecho a la pensión
de viudedad las mujeres que, aun
no siendo acreedoras de pensión compensatoria,
pudieran acreditar que
eran víctimas de violencia de género en
el momento de la separación judicial o
divorcio mediante sentencia firme, o archivo
de la causa por extinción de la
responsabilidad penal por fallecimiento;
en defecto de sentencia, a través de
la orden de protección dictada a su favor
o informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios de ser
víctima de violencia de género, así
como por cualquier otro medio de prueba
admitido en Derecho”.
En cuanto a los medios de prueba,
acudimos el art. 299 L.E.C. que contempla
un amplio abanico de: 2º- documentos
públicos; 3º-documentos
privados; 4º-dictámenes periciales, y
6º- interrogatorio de testigos.
Dado que el artículo 220.1 de la LGSS
admite que la violencia de género se
puede acreditar por la testifical y pericial,
no debemos quedarnos sólo en
esos dos sino acudir a su acreditación
por “cualquier medio admitido en derecho”,
sin perjuicio de su valoración
de conformidad con lo dispuesto en el
art. 376 de la L.E.C.
Tendremos que hacer un relato de los
roles asignados de reproducción, cuidado
de su prole y marido, bajo posible
coacción, amenaza, malos tratos,
etc, para las mujeres de cierta edad
que no estaban amparadas normativamente
ante los casos de violencia
por su pareja por quedarse esas conductas
en la esfera privada y no estar
concebidas con el carácter público de
ser perseguidas. Pese a que, en los
acuerdos de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, está la Declaración
de Naciones Unidas sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
recogida en la Resolución 48/104
de 20 de diciembre de 1993, y se afirma
que la Violencia contra la Mujer
constituye una violación de los derechos
humanos, no es hasta la L.O.
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la
Violencia de Género cuando se acuña
la presunción iuris tantum del componente
machista en una agresión del
hombre contra la pareja o expareja
recogido en su artículo 1.1, descartándose
la necesidad de exigir el elemento
finalista, bastando la acreditación
de la acción expresiva de la violencia.
La Circular de la Fiscalía General del
Estado 4/2005, de 16 de julio, considera
que en las agresiones físicas o morales
a la mujer está latente ese sentimiento
de superioridad en la pareja
y que el objeto es proteger a la mujer
de las agresiones consecuencia de -
una relación afectiva de pareja.
En el Seminario de Fiscales Delegados
en Violencia de Género sobre la -
-
Mujer, celebrado en noviembre de
2009, en Sevilla, se concluye que había
que entender en base al artículo
1.1. de la Ley Integral que “la discriminación,
la situación de desigualdad y
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