FINAL Sala de Togas 87 web

FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
contratos temporales exceptuados
del abono de la indemnización.
Recordemos que a la luz de la regulación
anterior se planteó la posible
existencia de discriminación de las
personas trabajadoras que prestaban
servicios en el marco de un contrato
de formación o de interinidad que no
tenían derecho a percibir indemnización
alguna por la extinción del contrato
de trabajo frente al resto de personas
trabajadoras temporales que
percibían una indemnización de 12
días de salario por año de servicios
prestados.
Pues bien, la polémica surge cuando
se dicta por el TJUE la sentencia 14 de
septiembre de 2016, C-596/2014 (caso
Diego Porras I), al entender el tribunal
comunitario que era contrario al Derecho
Comunitario que los contratos
temporales de interinidad y formativos
no tuviesen una indemnización
cuando se extinguían de forma procedente
equivalente a la de los indefinidos,
que es de 20 días por año de servicios
prestados (indemnización prevista
en el art. 53.1 ET para el despido
por causas objetivas).
Sin embargo, poco después, el TJUE
cambia su doctrina a raíz de dos sentencias,
la de 5 de junio de 2018,
C-677/2016 (caso Montero Mateos); y
21 de noviembre de 2018, C-619/2017,
(caso Diego Porras II).
En ambas sentencias el tribunal comunitario
llega a la conclusión de que
no existe discriminación, porque concurren
causas objetivas que justifican
el trato diferenciado denunciado.
Esta nueva doctrina fue acuñada por
la Sala Cuarta en la STS 13 de marzo
de 2019, rec. Nº 3970/2016.
No obstante, esta última sentencia
cuenta con el voto particular de dos
magistrados de la Sala Cuarta que argumentan
que sería procedente fijar
una indemnización por fin de contrato
de interinidad igual que la prevista legalmente
para la finalización del resto
de contratos temporales.
8. Prórroga del contrato de trabajo
temporal.
Los contratos de duración determinada
que tengan establecido un plazo
máximo de duración, incluidos los
contratos formativos, y hayan sido
concertados por una duración inferior
a la máxima legalmente prevista, de
no mediar denuncia o prórroga expresa,
se entenderán prorrogados automáticamente
hasta alcanzar el plazo
máximo legal, siempre que el trabajador
continúe prestando servicios.
Llegado el caso de que transcurra el
plazo máximo de duración del contrato
temporal y la persona trabajadora
sigue prestando servicios, sin que
haya mediado previamente denuncia
por alguna de las partes contratantes,
el contrato de trabajo se transformará
en indefinido, salvo prueba en contrario
que acredite la naturaleza temporal
de la prestación.
Es decir, el Legislador sigue manteniendo
la presunción “iuris tantum”
del carácter indefinido, debiendo la
empresa probar en todo caso la naturaleza
temporal de la prestación de
servicios.
Cuando el contrato temporal tenga
una duración superior a un año la denuncia
del contrato deberá hacerse
por escrito, debiendo ser notificada a
la otra parte con una antelación mínima
de 15 días a la expiración del contrato
de trabajo.
De lo anterior resulta que, para que
pueda prosperar la extinción del contrato
temporal, cualquiera que sea la
modalidad contractual, debe:
1º) Haber transcurrido el plazo de duración
estipulado en el contrato de
trabajo.
2º) Mediar denuncia previa por alguna
de las partes contratantes (empresa o
persona trabajadora).
3º) Cuando la duración estipulada sea
superior a doce meses, la denuncia
deberá hacerse con una antelación
previa de 15 días al transcurso de su
duración.
La omisión del plazo de preaviso de 15
días da derecho a la persona trabajadora
a ser indemnizada por la empresa
con una cantidad equivalente a la
del salario por cada día omitido, tal y
como resulta del tenor literal del art.
8.3 del Real Decreto 2720/1998, de 18
de diciembre.
ANTONIA SEGURA LORES
Cda. 1.072
LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Cualquier portal de internet nos dice
que “La pensión de viudedad es una
prestación vitalicia a la que se tiene derecho
tras el deceso de la pareja de hecho
o cónyuge, y que da respaldo económico,
tanto para uno mismo como
para los hijos e hijas o personas a nuestro
cargo. Como cualquier otra pensión,
asegura una ayuda frente a una posible
dificultad económica”. Pero lo primero
que habría que preguntar es ¿Quién
tiene derecho a cobrar la pensión de
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