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FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
rios políglotas que alcanza su máximo
exponente en la Mithridates de
Adelung. Amparado por Catalina I, la
zarina de Rusia, Adelung compiló el
Padrenuestro en todas las lenguas de
ese vastísimo imperio. El padre Terreros,
de todas formas, se condujo con
intenciones más enciclopédicas, entre
las que figuran numerosas referencias
al derecho civil y al canónico.
Precisamente, los diccionarios enciclopédicos
prestaron pormenorizada y
pertinente atención al mundo jurídico.
En la famosa Encyclopédie, ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et
des métiers (Enciclopedia, o Diccionario
razonado de las ciencias, las artes y los
oficios, 1751-772) Diderot y D’Alembert
recogen ampliamente la visión
ilustrada de la vida y los principales
conocimientos de los que se disponía
hasta ese momento. El derecho tampoco
falta a la cita enciclopédica y lo
hace con nitidez en la definición terminológica
y con fuentes de primerísimo
nivel (la traducción es mía):
“LEY, s. f. (Derecho natural, moral,
divino y humano) 1 La ley en general
es la razón humana, en tanto que
gobierna todos los pueblos de la tierra;
y las leyes políticas y civiles de
cada nación no deben ser más que
los diversos casos particulares en
los que se aplica esta razón humana.
2 Se puede definir la ley como una
regla prescrita por el soberano a
sus súbditos, sea por imponerles
acciones que deben hacer, o de no
hacer ciertas cosas, bajo la amenaza
de cualquier pena, sea quitándoles
la libertad de actuar, o de no actuar,
en otros asuntos según lo consideren
oportuno, y garantizarles el
pleno disfrute de su derecho a este
respecto.”
Tras esa introducción, Diderot y
D’Alembert incluyen una larguísima
cita de Montesquieu para explicar el
funcionamiento de las leyes y, naturalmente,
para sostener el hilo argumental
de su entrada léxica.
La presencia jurídica en esas obras,
en los diccionarios generales de las
lenguas y en las enciclopedias, está
todavía a la espera de vocaciones investigadoras
que se adentren en un
terreno cargado de sugerencias.
No son, en todo caso, los únicos elementos
lingüísticos que pueden documentarse
en la lingüística de aquellos
siglos. Un poco más adelante en el
tiempo, el Conde de la Viñaza recogerá
otra clase de trabajos lexicográficos,
todavía más vinculados al derecho.
Concluyendo el siglo XIX, en
1893, Cipriano Muñoz y Manzano,
Conde de la Viñaza, edita en la Real
Academia Española su Biblioteca histórica
de la filología castellana. Como
las que acaban de comentarse, se trata
de una obra de dimensiones más
que considerables que en esta ocasión
consigna toda la producción filológica
española, clasificada por temas.
En el apartado dedicado a la producción
lexicográfica recoge dos diccionarios
que interesan para lo que
aquí se discute, ambos aparecidos en
1831 según señala. El primero de ellos
es el Diccionario judicial, compilado
por J.F.A. [sic]. La escuetísima referencia
a la autoría no permite demasiados
comentarios, aunque su consulta
muestra una obra muy resolutiva
y explícita en sus definiciones, que
hoy son accesibles en línea:
Actor. El que pone alguna demanda
en juicio.
Actuar. Hacer autos, proceder judicialmente.
Actuario. El escribano ó notario ante
el que pasan los autos.
La segunda obra es el Diccionario razonado
de legislación civil, penal, comercial
y forense, obra en esta ocasión
de Joaquín Escriche que sí es un reconocido
especialista en derecho, con
una bibliografía más que considerable
y, sobre todo, especializada, siempre
dentro del mundo jurídico. De la pluma
de Escriche también surgieron el
Manual del abogado ó elementos de Derecho
español (1839), los Elementos del
derecho patrio (1840), el Manual del
abogado americano. (1840), que llegaría
a publicarse en un volumen conjunto
con el texto anterior, así como
Examen histórico-crítico de la institución
del jurado (1844). El diccionario
que cita De la Viñaza debió contar con
una segunda edición ampliada en
1837, más extensa y con un título tan
decimonónico como Diccionario razonado
de legislación civil, penal, comercial
y forense, o sea resumen de leyes,
usos, prácticos y costumbres... dispuesta
por orden alfabético de materias. La
Biblioteca histórica de la filología castellana
no incluye otro trabajo que figura
habitualmente en el repertorio de Escriche,
el Diccionario razonado de legislación
y jurisprudencia, que aparece
en Madrid, impreso por M. Cuesta entre
1874 y 1876. La atribución de la
obra, en principio, no cuadra con los
datos biográficos del autor, fallecido
más de veinticinco años antes, en
1847. Sin embargo, la portada de la
edición madrileña aclara de inmediato
las cosas. El texto que se publica es
una reedición ampliada realizada por
José Vicente y Caravantes y León Galindo
y De Vera, ambos doctores en
derecho. En el prólogo de esa edición,
los “adicionadores”, como ellos mismos
se denominan, justifican la aparición
del volumen por “La extraordinaria
aceptación que ha tenido esta obra,
tanto en España como en el Extranjero
y en las Américas”. Mencionan explícitamente
que parten del Suplemento
publicado en 1837, se sobreentiende
que completando una entrega anterior.
Quiere decir que debió existir actividad
relacionada con Escriche que
pasó desapercibida, extrañamente,
para el minucioso e infatigable Conde
de la Viñaza.
Es cierto que el concepto de qué es jurídico
—y qué deja de serlo— probablemente
hoy resultaría algo más que
distante. Así, Escriche y sus adicionadores
definen “academia” en los siguientes
términos:
Desde luego, los diccionarios continúan
reflejando el mundo jurídico en
una determinada etapa de la historia,
en este caso, de la historia de España.
Pero esta vez hay algo más. Tanto Es-
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