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RETAZOS DE LA HISTORIA
na.” Aunque también cabían las arbitrariedades en el antiguo
procedimiento escrito, al menos los datos que servían
para juicio y sentencia permanecían indelebles.
Ante semejante panorama, le parece imprescindible reformar,
“si queremos vivir vida jurídica, garantizadora de todos
los derechos”: la Ley Orgánica —provisional desde
1870—, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y la Ley del Jurado.
La justicia municipal
Para empezar, Ledesma explica cómo reorganizaría la justicia
municipal a fin de aliviar de trabajo a los jueces de primera
instancia, dejándoles tiempo para instruir mejor los
asuntos que fallen los jueces municipales. Éstos serían de
tres clases: los de poblaciones cabeza de partido; los de
pueblos con más de tres letrados y los legos en pueblos
con menos de tres letrados.
En su sistema no se admitirían incidentes previos ni tramitables
en pieza separada, ocasiones continuas de trabas,
dilaciones y gastos; se discutirían junto al asunto principal
y se fallarían en la misma sentencia definitiva. Habría que
abreviar la tramitación de los asuntos civiles. Todo constaría
por escrito, nada sería oral, a fin de suprimir las vistas
inútiles en los Juzgados. En cuanto a las pruebas, de mediar
documentos escritos, se excluiría la parte testifical. Se
castigaría al litigante doloso con el pago de las costas (imponiendo
aparte las de los incidentes). La apelación a las
sentencias de primera instancia quedaría limitadas a un
escrito de agravios aportando las pruebas precisas. Ni vistas,
ni discursos orales ni apuntalamientos, pues. Los autos
irían pasando por turno entre los magistrados del Tribunal
colegiado, que deliberaría y fallaría.
Ledesma es partidario de suprimir las Audiencias Territoriales,
pues juzga a las Audiencias de lo Criminal mejor organizadas
para fallar sobre las sentencias de los jueces de
primera instancia. Por Real Decreto de 29 de agosto de
1893, las Audiencias Penales o de lo Criminal habían pasado
a denominarse Audiencias Provinciales. Integradas en
las Audiencias Territoriales, éstas extendieron su ámbito
de competencia sobre los Juzgados de instrucción y los
Juzgados de Paz.
El Jurado
Especialmente crítico se muestra el abogado con la institución
del Jurado, vigente desde que su ley fue aprobada, durante
el “Parlamento largo” de Sagasta, el 20 de mayo de
1888.
“En efecto, estas Audiencias [Territoriales] hacen hoy con
el Jurado el más triste y desairado papel. Ver a diario a tres
respetables Magistrados encanecidos en las leyes, servir
de figurones por lo menos dos (pues el Presidente dirige
los debates) y tras un día de pruebas, que doce patanes resuelvan
el hecho, sin dejar a aquéllos más que la aplicación
de los artículos del Código, cosa ya rutinaria y de fórmula
casi siempre, cuando la cuestión de hecho con sus circunstancias
se ha resuelto, francamente, produce tristeza a los
hombres que se ocupan de achaques jurídicos.
Bastaba y sobraba, para dirigir el debate del juicio por jurados,
un Magistrado solo, actuando de Presidente; y mientras,
los otros dos figurones podían tener ocupación más
provechosa; por ejemplo, fallando apelaciones de pleitos
civiles. Establézcanse, pues, Audiencias Provinciales para
lo civil y lo criminal, con cuatro Magistrados como mínimum.
Represente uno solo el derecho en los juicios por jurados,
alternando los cuatro en esta función, y yendo a los
partidos judiciales donde el Jurado se constituya, y se habrán
ahorrado grandísimos gastos de viajes de jurados, peritos
y testigos, que hoy hacen de la institución lo más caro
y malo que ha podido idearse. Los otros tres Magistrados
constituyan Sala Civil y Sala Criminal alternativamente,
para el conocimiento de las apelaciones civiles ya simplificadas,
y la aplicación del derecho a los veredictos de los jurados,
y todo marchará barato y como una seda, desapareciendo
la gran rémora de nuestras Audiencias territoriales.
Si a esto pudiera añadirse la modificación de la ley del Jurado,
exigiendo más garantías y condiciones de capacidad
a tales Jueces populares, y no llevándolos ni trayéndolos
de acá para allá, se completaría una reforma que se impone
en bien de la justicia y de la economía.”
El Tribunal Supremo
Respecto al Tribunal Supremo, Ledesma halla demasiado
estrechos los moldes de los recursos de casación y desliza
una dura crítica sobre dicho Tribunal: la justicia, dice, debería
atender más a las razones de los litigantes y menos a
las fórmulas externas y el encasillado de los requisitos.
Enemigo de las “actiones legae”, cree que cada cual debería
poder defenderse
como deseara, sin formulismos
en las demandas y
los escritos, siendo potestativo
el valerse de letrados
y procuradores. Piensa
así a pesar de no ser de
los más desafortunados
de la profesión, y afirma
tajante: “los abogados hacen
poca falta y los procuradores
ninguna.”
El abogado pasa luego a
plantear las reformas precisas
en “lo sustantivo del
derecho”.
Miembros de
un jurado.
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