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FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES
las relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, están implícitas en
la violencia que el hombre ejerce sobre
la mujer que es o ha sido su pareja”.
No es hasta el Real Decreto
557/2011, de 20 de abril, por el que
se desarrolla la Ley 4/2005, de 27 de
abril, del Estatuto de la Víctima del
delito, cuando se le concede un auténtico
status a la víctima y se refuerzan
sus derechos como tal.
Hay que esperar hasta que se dicta la
Resolución de 2 de diciembre de
2021, de la Secretaría de Estado de
Igualdad y contra la Violencia de Género,
por la que se publica el Acuerdo
de la Conferencia Sectorial de Igualdad,
de 11 de noviembre de 2021, relativa
a la acreditación de las situaciones
de violencia de género, para tener
un abanico de situaciones con las que
poder acreditar estas situación, que
tendrá eficacia en todo el territorio
del Estado y facilitará el acceso de las
víctimas de violencia de género a los
derechos regulados en el Capítulo II
“derechos laborales y prestaciones de
la Seguridad Social” de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, y a todos
los derechos, recursos y servicios
reconocidos en la normativa estatal
que le resulte de aplicación, incluyendo
entre los requisitos exigidos, la
acreditación de la situación de violencia
de género mediante el informe
de los servicios sociales, de los
servicios especializados o de los
servicios de acogida destinados a
víctimas de violencia de género en la
Administración Pública competente.
Entre las situaciones en las que cabe
la solicitud de la acreditación administrativa
está, entre otros:
-víctimas que se encuentren en proceso
de toma de decisión de denunciar.
-víctimas respecto de las cuales el
procedimiento judicial haya quedado
archivado o sobreseído.
-víctimas que han interpuesto denuncia
y el procedimiento penal esté instruyéndose.
-víctimas con sentencia absolutoria o
cualquier otra causa que no declare
probada la existencia de violencia.
-víctimas a las que se haya denegado
la orden de protección, pero existan
diligencias penales abiertas.
-cuando existan antecedentes penales
previos de denuncia o retirada de
la misma.
Entre estos cuerpos especializados
está el Instituto de la Mujer y los Centros
de Información de la Mujer tanto
provinciales como municipales. Dichos
informes gozan de presunción
de veracidad administrativa.
El elenco de sentencias en esta materia
es amplio y algunas de ellas se anticipaban
a este reconocimiento de la
violencia de género utilizando diferentes
parámetros, a saber:
-Sentencia de 31 de enero de 2012 del
TSJ del País Vasco, Recurso 3154/11,
señala que la situación de violencia de
género no tiene por qué ser coetánea
al momento del refrendo judicial del
divorcio, y que basta con que con anterioridad
ya se haya producido situación
calificable de violencia de género,
simplemente concurriendo una
relación de causa-efecto entre los hechos
violentos y el divorcio.
-Sentencia núm. 494/2012, de 3 de febrero
de 2012 del TSJ de Oviedo, respecto
de las viudas que han sido objeto
de violencia de género y del valor
probatorio de la prueba testifical para
acreditar tal situación puede ser por
cualquier medio de prueba admitido
en derecho valorada de conformidad
con los artículos 376 de la L.E.C. y
97.2 de la L.P.L.
-Sentencia núm. 463/2016, de 10 de
mayo de 2016 del TSJ de Cantabria,
Recurso 335/2016, reconoce el derecho
de la demandante a percibir pensión
de viudedad, aunque la denuncia
por malos tratos fue retirada.
-Sentencia núm. 1314/2020, de 28 de
mayo de 2020, del TSJ de Andalucía,
Recurso 2175/2019, en similares términos.
-Sentencia núm. 190/2021, de 28 de
abril de 2021, del TSJ de Castilla-León,
respecto de mujer divorciada
que no cobra pensión compensatoria
y que había sufrido a lo largo de
su matrimonio violencia de género a
cargo de su exmarido.
-Sentencia núm. 2059/21, de 22 de junio
de 2021, del TSJ de la Comunidad
Valenciana, Recurso 792/2021.
-Sentencia núm. 908/2020, de 14 de
octubre, del T.S. Sala de lo Social,
sección 1ª, dictada en el Recurso de
Casación para la unificación de doctrina
número 2753/2018, en cuanto a
la pensión de viudedad de pareja de
hecho y violencia de género no estando
ya unida ni convivía con el causante
al momento de su fallecimiento.
Tenemos que tener presenta, a la
hora de reivindicar este derecho a la
viudedad en víctimas de violencia de
género, los estereotipos en la aplicación
de las leyes, por lo que tenemos
que invocar que se enjuicie con perspectiva
de género, ponderando las
circunstancias psicológicas, sociales
y personales de la víctima de violencia
de género, para evitar la violencia
institucional.
La Sentencia pionera que define jurídicamente
y aplica la técnica de “juzgar
con perspectiva de género”, es
la Sentencia del TSJ de Canarias de 7
de marzo de 2017, en el Recurso
1027/2016, demanda de viudedad de
mujer divorciada víctima de violencia
de género (art. 174.2º LGSS). Se define
por primera vez en una resolución
judicial la Metodología de impartir
justicia con perspectiva de género,
para aplicar tal técnica al caso concreto,
confirmada por la STS de 20 de
enero de 2016, Recurso 3106/2014.
Ello se debe a Dª. Gloria Poyatos
Matas, Magistrada de la Sala del TSJ
de Canarias desde 2016, de la que
hago mía la frase de Ruth Bader
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Ginsburg que ella tanto usa: “Lucha
por las cosas que te importan, pero
hazlo de tal manera que los demás se
unan a ti”.
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