MEMORIA 2001

VI. PROPUESTAS APROBADAS
fraccionamiento concedido sin que esto suponga necesariamente
consecuencias negativas por la apertura del procedimiento de apremio, para
lo que debería estudiarse la posibilidad de conceder unos plazos a la
Administración para resolver sobre esta petición de modificación (que
podrían encuadrarse dentro del plazo general o bien añadirse a este),
petición que, a su vez, debería formularse también en un momento
determinado.
PROPUESTA 7/2001
Motivación
Sobre cesión de información tributaria por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a juzgados y tribunales
1. Se han recibido en este Consejo diversas quejas de contribuyentes que
expresan su malestar por la, a su juicio, incorrecta cesión de datos
fiscales a los Tribunales de Justicia. En las mismas, los interesados se
lamentan de que tal cesión no se circunscriba a los datos que pudieran
representar información suficiente acerca de una posible traba judicial
de bienes y derechos, sino que, además, se han suministrado datos
financieros privados, sujetos al deber de sigilo, así como aspectos
inherentes a la composición patrimonial de la realidad económicoprivada
de los contribuyentes, inútiles a los efectos apuntados.
2. El artículo 113 de la Ley General Tributaria prescribe un especial deber
de sigilo respecto de cuantos datos, informes o antecedentes obren en
poder de la Administración Tributaria, cuya naturaleza será reservada y
sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o
recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o
comunicados a terceros salvo en los casos tasados que expresamente
recoge el artículo 113.1 del mismo cuerpo legal. Entre éstos, destaca la
posibilidad de cesión de datos con trascendencia tributaria cuando la
misma tenga por objeto la colaboración con los Jueces y Tribunales para
la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La propia literalidad de
precepto establece que la solicitud judicial de información exigirá
resolución expresa en la que previa ponderación de los intereses
públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse
agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia
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