MEMORIA 2001

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alguno de los supuestos de nulidad de pleno Derecho recogidos en el
artículo 62.1 de la Ley 30/1992.
La nueva regulación de la declaración de lesividad se recoge en el
artículo 103 de la LPAC, que establece en su párrafo 1º que: "Las
Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés
público los actos favorables para los interesados que sean anulables
conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a
su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional de lo contenciosoadministrativo".
De conformidad con el artículo 63 de la Ley 30/1992
los actos anulables son los actos de la Administración que incurran en
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder.
Por su parte, en materia tributaria el artículo 159 de la Ley General
Tributaria señala que fuera de los casos previstos en los artículos153 a
156 la Administración Tributaria no podrá anular sus propios actos
declarativos de derechos, y para conseguir su anulación deberá
previamente declararlos lesivos para el interés público e impugnarlos en
vía contencioso-administrativa, con arreglo a la Ley de esta jurisdicción
lo que remite a la regulación general de la lesividad contenida en la Ley
30/1992.
Con respecto a la competencia, el artículo 103.4 de la Ley 30/1992 se
limita a señalar que si el acto proviniera de la Administración General
del Estado o de las Comunidades Autónomas la declaración de lesividad
se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la
materia, mientras que el artículo 103.5 señala que si el acto proviniera
de las entidades que integran la Administración Local la declaración de
lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
Además en el ámbito tributario, habrá que distinguir según que se
pretenda declarar lesivo un acto de gestión o una resolución económicoadministrativa,
pues la competencia para declarar la lesividad varía en
uno y otro supuesto. En el caso de las resoluciones dictadas por el
Tribunal Económico-Administrativo Central, la competencia para
declararlas lesivas corresponde al Ministro de Economía y Hacienda,
mientras que cuando se trata de actos dictados en vía de gestión por la
Administración Tributaria estatal, la competencia corresponde al
Presidente de la Agencia de conformidad con la disposición adicional
decimosexta de la 6/1997 en relación con su disposición adicional
novena.