MEMORIA 2001

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La complejidad del problema se acrecienta si tenemos en cuenta que los
sujetos pasivos de uno y otro impuesto son diferentes. En el IVA es sujeto
pasivo el transmitente del inmueble. El adquirente soporta el tributo por vía
de repercusión, relación entre particulares en la que no está implicada la
Administración tributaria. En cambio en el ITP, el sujeto pasivo es el
adquirente.
Por otra parte, es también fuente de obstáculos –de cara a una posible
devolución del IVA indebidamente ingresado- el hecho de que el ingreso
del IVA no puede ser conocido directamente por la Administración sin
proceder a una comprobación de los libros del transmitente, dado que la
liquidación e ingreso de las cuotas se hace de forma periódica y global,
incluyendo en la liquidación la devolución del IVA soportado.
Todo ello complica extraordinariamente la solución legal del problema.
Después de debatir extensamente sobre el tema, el Consejo para la
Defensa del Contribuyente se muestra partidario de arbitrar una fórmula de
compensación o imputación de las cuotas del IVA sobre las cuotas del ITP
(usamos el término imputación en el sentido tributario de derecho a deducir
de la cuota de un impuesto la devengada o pagada por otro). Es decir, el
sujeto pasivo del ITP tendría derecho a deducir de la cuota liquidadas por la
Comunidad Autónoma la cuota liquidada y satisfecha en concepto de IVA.
A esta conclusión se ha llegado después de desechar otras dos
alternativas:
En primer término, se ha descartado la solución técnicamente más
sencilla, por las dificultades políticas que seguramente tiene. Se trataría de
derogar la norma que establece la sujeción al ITP de las transmisiones y
arrendamientos de inmuebles sujetos y exentos de IVA. De este modo se
eliminarían muchos de los conflictos, pues dejaría de ser problemático el
caso de renuncia improcedente a la exención del IVA. Si el transmitente es
un empresario la operación está sujeta al IVA y ello debería ser bastante
para no exigir el ITP. De este modo, los errores en la aplicación de la
exención resultarían irrelevantes a estos efectos. Hay que admitir, no
obstante, que con una medida de este tipo no se resolverían todos los casos
y, por otro lado, supone privar a las Comunidades Autónomas de unos
recursos a los que probablemente no querrán renunciar.
En segundo lugar, se podría establecer que la reclamación del ITP por
parte de la Comunidad Autónoma produce el efecto de interrumpir la
prescripción del derecho a la devolución del IVA indebidamente ingresado
por la transmisión. Esta propuesta, en apariencia sencilla y eficaz, tiene, sin
embargo, un gravísimo inconveniente: su generalización podría provocar la