MEMORIA 2001

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formal, como es el principio de seguridad jurídica que impide modificar
situaciones prescritas, aún a sabiendas de que pueden ser materialmente
injustas.
Es lo que actualmente ocurre con las transmisiones de inmuebles. La
concurrencia de varios factores puede dar lugar a que la ley ampare la
injusticia de que una persona se vea obligada a pagar dos veces por una
operación que sólo debe estar sometida a uno de los dos impuestos.
La preocupación del Consejo para la Defensa del Contribuyente se basa
en que la naturaleza de las circunstancias que actualmente impiden corregir
la doble imposición no son de entidad suficiente para justificar el daño que
materialmente se causa al contribuyente. No se trata sólo de prescripción
del derecho a la devolución de uno de los dos impuestos, pues nadie duda
de los sólidos fundamentos que tiene la prescripción como causa de
extinción de acciones y derechos por inactividad de sus titulares. El
problema serio que aquí se plantea es que la doble imposición se produce
porque la Administración que actúa ante el contribuyente es distinta de la
que debe devolver el impuesto indebidamente ingresado. Por tanto, no hay
en sentido material una total inactividad o pasividad que justifique la
extinción del derecho a la devolución del impuesto improcedente. La
inactividad es formal y por ello se mantiene latente y va prescribiendo el
impuesto alternativo (normalmente el IVA) del que es acreedora una
Administración, mientras se discute y se interrumpe la prescripción de otro
impuesto (normalmente el ITP) que corresponde a una Administración
diferente.
Es el reparto territorial de los impuestos la causa del resultado dañino.
Si el ITP no fuera un impuesto cedido, su reclamación por la
Administración del Estado determinaría normalmente la interrupción de la
prescripción del derecho a la devolución del IVA exigido por la misma
operación. Al ser la Comunidad Autónoma la acreedora del ITP, la
reclamación de este impuesto no interrumpe la prescripción del derecho a la
devolución que eventualmente pueda tener el contribuyente frente a la
Administración del Estado. El resultado final no es satisfactorio y, por ello,
el Consejo para la Defensa del Contribuyente trata de encontrar solución a
este problema que es más complejo de lo que a primera vista parece.
La Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria, órgano
colegiado de participación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con
Estatuto de Autonomía en la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(artículo 64 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre), ha tratado de evitar
que la descoordinación administrativa provoque situaciones como la
expuesta, pero su intervención no es suficiente cuando la reclamación del