MEMORIA 2001

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Estas dificultades además se acentúan cuando, como puede suceder, el
contribuyente al solicitar la revisión de oficio invoque tanto el artículo 153
como el artículo 154 de la Ley General Tributaria o no se refiera a ningún
precepto en particular, o invoque varios motivos de revisión. Esto, aparte
de innumerables problemas de gestión puede implicar el riesgo de que los
procedimientos concluyan con resoluciones distintas.
B) Propuesta.
Que se estudie con detenimiento el actual sistema de revisión de oficio
de actos tributarios sea cual sea su procedencia con la finalidad de
simplificarlo y homogeneizarlo, convirtiéndolo en un cauce eficaz de
revisión de actos tributarios, con la finalidad de hacer desaparecer las
disfunciones que se han puesto de relieve.
C) Medidas
En relación con las cuestiones planteadas por el Consejo para la Defensa
del Contribuyente es necesario señalar que en la próxima reforma de la Ley
General Tributaria se está estudiando la introducción de importantes
modificaciones en el régimen de revisión de actos nulos y anulables
respecto de la actual Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
con las que se pretende conseguir un notable acercamiento a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En lo que se refiere a los supuestos que dan lugar a la nulidad de pleno
derecho que, tal y como señala el Consejo, difieren en ciertos extremos en
los ámbitos administrativo general y tributario, la nueva Ley General
Tributaria pretende realizar una transposición de los supuestos de nulidad
de pleno derecho contenidos en el artículo 62 de la Ley 30/1992, con lo
cual se busca que desaparezcan las diferencias entre los dos ámbitos
señalados.
La Ley General Tributaria otorga la competencia para resolver sobre la
nulidad de pleno derecho al Ministro de Hacienda, lo cual supone una
especialidad respecto del régimen general de los actos administrativos.
Dicha especialidad está permitida, tal y como reconoce el Consejo, en el
apartado 2 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado.
Conforme al apartado 1 del artículo 51 de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del