MEMORIA 2001

VI. PROPUESTAS APROBADAS
las causas que hubiesen originado la extinción del contrato de trabajo.
En el caso de despido colectivo por causas económicas, técnicas,
organizativas, productivas o de fuerza mayor, el Estatuto de los
Trabajadores regula la extinción colectiva del contrato de trabajo
motivada por la necesidad del empresario de amortizar puestos de
trabajo fundada en dichas causas cuando, en un período de 90 días,
afecte al menos a:
- Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien
trabajadores.
- El diez por ciento del número de trabajadores en las empresas que
ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
- Treinta trabajadores en las empresas que ocupen a trescientos o más
trabajadores.
Para esta modalidad de despido, que puede calificarse sin ningún lugar a
dudas como una de las más frecuentes, el propio Estatuto prevé una
indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio
con un máximo de doce mensualidades, cantidad muy inferior a la
prevista para el despido improcedente cuya exención alcanza los
cuarenta y cinco días de salario por año de servicio con un máximo de
cuarenta y dos mensualidades.
3. Tales divergencias son apreciadas por los contribuyentes como fuente
de posible discriminación. Este Consejo para la Defensa del
Contribuyente, siendo consciente de la complejidad que entraña la
resolución del problema apuntado, debe advertir que el diferente trato
que se otorga en la normativa estatal a la indemnización por despido
improcedente frente a la producida por causas económicas, técnicas,
organizativas, productivas o de fuerza mayor -lógica, sin duda, desde el
punto de vista del Derecho Laboral, parece desconocer en el plano fiscal
la sustancial igualdad de los dos supuestos no sólo desde el punto de
vista de la imputación de “culpabilidad”-inexistente para el trabajador
tanto en el despido improcedente como en aquel motivado por causas
objetivas- sino también desde el punto de vista de la capacidad
económica del propio trabajador –idéntica en uno y otro caso-. Es
verdad que la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas remite en bloque a las indemnizaciones fijadas por el
Estatuto de los Trabajadores que contempla distintas cuantías en función
de la naturaleza del despido o extinción del contrato, pero no es menos
cierto que si la diferenciación entre las citadas indemnizaciones
adquiere pleno sentido desde la perspectiva laboral (en un caso media
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