MEMORIA 2001

92 MEMORIA 2001
culpa del empresario y en el otro no), no acontece lo mismo en el
ámbito tributario pues podrían vulnerarse los principios de igualdad y
capacidad económica al otorgarse un mayor grado de exención a un
supuesto que al otro.
Esta es quizás la razón por la que bajo la vigencia de la Ley de 1978 se
sucedieron pronunciamientos jurisdiccionales que equiparaban el
régimen fiscal de las indemnizaciones en los casos de despido
improcedente y aquellos otros motivados por causas objetivas (SAT de
Madrid y Barcelona de 17 de junio y 23 de febrero de 1988,
respectivamente), basando dicha conclusión en un elemental argumento
de sentido común: que desde el punto de vista del trabajador el cese en
expediente de regulación de empleo “tiene idéntica naturaleza de hecho
impuesto externamente que el que pudiera prevenir de un despido
improcedente” (SAT Madrid de 17 de febrero de 1988), lo que abocaría
indefectiblemente a un idéntico tratamiento fiscal, pronunciamientos
que tuvo en cuenta la disposición adicional 11ª de la Ley 18/1991 para
los períodos no prescritos anteriores a su entrada en vigor (corroborados
por las SSTTS de 31 de marzo del 2000 y 22 de julio de 1999, así como
las SSTSJ Madrid, de 8 de julio de 1999 y 14 de enero del mismo año y
por la STSJ de Cantabria de 11 de noviembre de 1998), pero que con
posterioridad han sido obviados.
Conviene advertir, por otro lado, que la posible conculcación que puede
implicar para el principio de capacidad económica e igualdad un
tratamiento fiscal dispar para situaciones que desde la perspectiva del
preceptor de los rendimientos del trabajo es idéntica, puede resultar
contradictoria con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que,
últimamente, se viene mostrando más exigente con el control de la
justificación constitucional de las diferenciaciones normativas a la luz
de las exigencias de la igualdad, de la capacidad económica y de la
proporcionalidad o coherencia entre medios o fines (vrg. SSTC
209/1988 Y 134/1996 y desde un punto de vista más general, 253/1988,
261/1988, 68/1989 y 70/1991).
4. En definitiva, la dicotomía existente en el tratamiento fiscal entre
indemnizaciones por causas objetivas o por despido improcedente,
comporta que la obligación de contribuir del sujeto pasivo se desconecte
por completo tanto de su voluntad en los hechos que lo originan –el cese
laboral y la indemnización- como de su propia capacidad económica,
pues la exención no guarda relación con lo percibido, ni tampoco con el
hipotético daño supuestamente resarcido, sino con la causa que un
tercero o el puro azar pudo haber motivado. Circunstancias estas que se