MEMORIA 2001

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b) cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos
del hecho imponible íntegramente ignorados por la
Administración al dictar el acto objeto de la revisión.”
Lo primero que hay que decir respecto a este precepto -sin profundizar
en su desafortunada interpretación doctrinal y jurisprudencial- es que
hoy constituye una excepción clara al régimen general de revisión de
oficio de los actos administrativos en general, al haber desaparecido en
la reforma de la Ley 30/92 realizada por Ley 4/1999 la posibilidad de
que la Administración de oficio revise sus propios actos anulables, ya
que se le obliga en todo caso, tratándose de actos declarativos de
derechos, a acudir al procedimiento de declaración de lesividad.
8.º En cuanto a las normas procesales, interesa destacar lo relativo al
órgano competente para resolver. En concreto, respecto a la delegación,
cabe señalar que si bien, el artículo 11.5 de la Ley 31/1990 de 27 de
diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991 por la que se
crea la Agencia Estatal de la Administración Tributaria también
señalaba que el Ministro de Economía y Hacienda podría delegar en el
Director General de la Agencia y en los Directores de Departamento las
facultades de revisión de actos que le atribuye el artículo 154 de la Ley
General Tributaria y cualesquiera otras, lo cierto es que actualmente esta
competencia no se encuentra delegada ni en el Director General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria ni en sus Directores de
Departamento sino en el Director General de Tributos, tal y como
resulta de la Orden de 31 de julio de 1985. La única excepción es la
delegación que recoge el artículo 20 de la Orden de 26 de mayo de 1986
por la que se desarrolla el Reglamento General de la Inspección
financiera y tributaria. De acuerdo con este precepto, se delegan
atribuciones en el Director General de Inspección financiera y tributaria
que comprenden la revisión de acuerdo con lo dispuesto en la letra b)
del artículo 154 de la Ley General Tributaria de actos dictados en vía de
gestión tributaria como consecuencia de actuaciones inspectoras.
9. Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, de conformidad
con el artículo19.1 de la Ley 14/ 1996 de 30 de diciembre, de Cesión de
Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y medidas fiscales
complementarias, les corresponde como ya hemos visto la revisión de
oficio de los actos nulos de pleno Derecho relativos a los Impuestos
sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a los
tributos sobre el juego, pero no les corresponde la revisión de oficio de