MEMORIA 2001

VII. INFORME DE LA SEH
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en el ámbito de los tributos
cedidos, concretamente en relación con los Impuestos sobre el Patrimonio,
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, los Tributos sobre el Juego, el Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, son competentes para
declarar la nulidad de pleno derecho las Comunidades Autónomas, previo
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autonóma.
Sin embargo, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 46 de la citada
Ley 21/2001, la revisión de los actos en vía de gestión relativos al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, incluida la parte del mismo cedida a
las Comunidades Autónomas, sobre el Valor Añadido, sobre la Cerveza,
sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre
el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos, sobre Labores del
Tabaco y sobre la Electricidad, corresponde a los órganos estatales que
tengan atribuidas las funciones respectivas.
En materia de tributos locales, el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, atribuye la competencia para declarar la
nulidad de pleno derecho de los actos dictados en vía de gestión tributaria
al Pleno de la Corporación en los casos y de acuerdo con el procedimiento
previstos en el artículo 153 de la Ley General Tributaria.
La especialidad de los órganos competentes para resolver se justifica por
el distinto carácter de los tributos a los que se refieren los actos objeto de
revisión y por la necesidad de mantener el principio de autonomía de las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
En cuestión de revisión de actos anulables es importante recalcar que en
la próxima reforma de la Ley General Tributaria se está estudiando la
supresión del actual artículo 154 de la Ley 230/1963, de forma que, salvo
en los casos en que concurra alguno de los supuestos de nulidad de pleno
derecho o que proceda la rectificación de errores, la Administración
tributaria no podrá revisar sus propios actos favorables más que acudiendo
a la declaración de lesividad de los mismos e impugnándolos
posteriormente en la vía contencioso-administrativa, en consonancia con el
contenido actual de la Ley 30/1992.
En la nueva Ley General Tributaria está previsto que la competencia
para dictar la declaración de lesividad, tanto de los actos como de las
resoluciones en el ámbito tributario, corresponda al Ministro de Hacienda.
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