MEMORIA 2001

VII. INFORME DE LA SEH
de “voluntariedad” por parte del trabajador, ni a la capacidad económica
puesta de manifiesto con las cuantías de las indemnizaciones.
B) Propuesta
Que por parte de esa Secretaría de Estado de Hacienda se estudie la
solución más adecuada al problema que late en las quejas de los
contribuyentes y, de conformidad con los postulados del principio de
igualdad y capacidad económica, se evite el dispar tratamiento tributario
entre las indemnizaciones provenientes de la extinción de los contratos
laborales por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de
fuerza mayor y las que tienen origen en los despidos considerados como
improcedentes.
C) Medidas
En el caso de despidos colectivos (artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo), la indemnización prevista por dicha normativa laboral es la
equivalente a veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de
doce mensualidades, mientras que para los supuestos de despidos
improcedentes se fija en cuarenta y cinco días de salario por año de
servicio, con un máximo de cuarenta y dos mensualidades (artículo 56 del
Estatuto de los Trabajadores).
Puede observarse, que la propia normativa laboral establece diferencias
cuantitativas en cuanto a las indemnizaciones que se han de satisfacer en
referencia a las modalidades de despidos, siendo consciente de la
inexistente "culpabilidad" del trabajador tanto en el despido improcedente
como en aquel motivado por causas objetivas y que, en ambos casos, el
trabajador se va a encontrar ante la misma situación laboral, la extinción de
su contrato de trabajo.
En el ámbito fiscal, tanto la anterior normativa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (Ley 18/1991, de 6 de junio) como la vigente
(Ley 40/1998, de 9 de diciembre) consideran rentas exentas:
"Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la
cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los
Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que
pueda considerarse como tal la establecida en virtud de
convenio, pacto o contrato."
125