MEMORIA 2001

V. COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL IVA Y EL ITP Y AJD
impuesto no pagado se produce al final del periodo de prescripción o
incluso después de haber prescrito el derecho a la devolución del impuesto
indebidamente satisfecho.
También puede darse el caso de que las Administraciones afectadas no
estén de acuerdo entre sí, lo que puede conducir a resoluciones
contradictorias impugnables ante órganos diferentes, con el consiguiente
riesgo de que se dicten dos sentencias incompatibles. La reacción jurídica
frente a los actos administrativos que se produzcan consiste en la
interposición por el contribuyente de los recursos que procedan, pero no ha
de olvidarse que se recurren actos distintos tanto por la Administración de
que provienen como por el propio objeto del acto: en un caso es un acto de
aplicación del IVA y en otro caso es un acto de aplicación del ITP.
Esta posibilidad de desacuerdo, que hasta ahora no me consta que se
haya producido y probablemente haya que agradecerlo a la intervención de
la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria, debería ser
legalmente contemplada para establecer un cauce único de solución.
Téngase en cuenta que la Junta Arbitral establecida por el artículo 23 de la
LOFCA tiene competencia para conocer de “los conflictos que se susciten
en la aplicación de los puntos de conexión”, así como los que puedan
plantearse “sobre la titularidad del rendimiento o de las competencias de
gestión, inspección o recaudación, como consecuencia de la aplicación
territorial de las normas o acuerdos de cesión de tributos a las Comunidades
Autónomas”. El conflicto que ahora contemplamos no es un debate sobre
puntos de conexión o sobre tributos cedidos, pues lo que realmente se
discute es si se ha devengado o no un impuesto determinado. No se opone
el Estado a la facultad de exigir el ITP, sino que entiende que se ha
producido el hecho imponible del IVA, y viceversa.
Pero no se trata aquí de estudiar los conflictos entre Administraciones,
sino la sobrecarga fiscal que soporta el ciudadano.
2. LIQUIDACIÓN IMPROCEDENTE DEL IVA
El caso que se ha planteado varias veces ante el Consejo para la Defensa
del Contribuyente es el de liquidación improcedente del IVA: la persona
que entrega el inmueble declara que se trata de una operación propia de su
actividad empresarial o profesional y gira al adquirente la correspondiente
factura con IVA, que es reintegrado por este último. Más tarde la
Comunidad Autónoma comprueba la operación y liquida el ITP porque
considera que no concurren los requisitos exigibles para que se aplique el
IVA.
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