MEMORIA 2001

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De forma semejante a lo que ocurre con la revisión de actos nulos de
pleno derecho, conforme al apartado 1 del artículo 51 de la Ley 21/2001, en
el ámbito de los tributos cedidos, concretamente en relación con los
Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los Tributos
sobre el Juego, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos, son competentes para declarar la lesividad las Comunidades
Autónomas.
Sin embargo, como ya se ha señalado, la revisión de los actos en vía de
gestión relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
incluida la parte del mismo cedida a las Comunidades Autónomas, sobre el
Valor Añadido, sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas fermentadas,
sobre Productos Intermedios, sobre el alcohol y Bebidas Derivadas, sobre
Hidrocarburos, sobre Labores del Tabaco y sobre la Electricidad
corresponde a los órganos estatales que tengan atribuidas las funciones
respectivas.
De acuerdo con lo expuesto, con la nueva Ley General Tributaria se
busca introducir una mayor simplificación da el sistema de revisión de
oficio de los actos tributarios, lo que supondrá la desaparición de gran parte
de las disfunciones a las que hace mención en su propuesta el Consejo para
la Defensa del Contribuyente
Propuesta 2/2001
Sobre el dispar tratamiento normativo en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones percibidas
como consecuencia de despido colectivo por causas económicas,
técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor y por
despido improcedente
A) Motivación
El Consejo de Defensa del Contribuyente considera que el trato
diferente que se establece en la normativa tributaria estatal a las
indemnizaciones por despido improcedente frente a las producida por
causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor,
si bien es lógica dentro del ámbito del derecho laboral, no parece tener
justificación desde el punto de vista fiscal, al no atender ni a circunstancias