MEMORIA 2001

No es –o al menos así lo percibimos los miembros del Consejo- que los
servicios de la Administración hayan provocado tal aumento, sino que los
contribuyentes han tomado conciencia primero de la existencia del
Consejo, segundo de su utilidad, y tercero del ánimo y disposición de la
Administración para atender las quejas fundadas de los ciudadanos.
Unos cuantos datos dan fe y fundamento a tal percepción. El porcentaje
de quejas estimadas –quejas en las que se da la razón al contribuyente, se
corrige la actuación de la Administración o, cuando tal corrección no es ya
posible, se toman las medidas adecuadas para que el problema no vuelva a
plantearse- se mueve entre el 60 y el 70 por ciento. El porcentaje de quejas
en las que el contribuyente se muestra conforme con la primera
contestación recibida del servicio que ha motivado la queja se eleva al 97
por ciento. El peso porcentual de quejas por defectuoso funcionamiento de
los servicios se mantiene estable mientras se eleva el número total de
quejas lo que indica, como antes he señalado, un creciente número de
quejas también sobre aplicación de normas tributarias –sustantivas y
procedimentales- con el consiguiente aumento de la complejidad y la
diversificación de los temas que se someten a la consideración del Consejo.
Estas cifras explican que la primera preocupación de quienes nos
incorporamos al Consejo en el año 2001 fuese la de preservar una de las
notas que más tiene presente el Consejo en su actuación: la rápida
tramitación y respuesta de las quejas recibidas.
Ello supuso una redistribución del trabajo dentro, claro está, de las
posibilidades que ofrece la normativa de organización aplicable, cargando
un mayor peso del trabajo diario en la Unidad operativa y en las
Comisiones de trabajo que ha permitido seguir ofreciendo una celeridad de
tramitación más que notable dentro del cuadro de las Administraciones
públicas y que permite a la Comisión y al Pleno concentrar su trabajo en las
cuestiones más complejas, siempre subrayando que la principal tarea del
Consejo consiste en tramitar adecuadamente –día a día- las quejas
presentadas por los ciudadanos.
Quien compare la Memoria del 2001, con las anteriores Memorias
advertirá sin duda que esta decisión consciente de bascular las labores del
Consejo hacia las quejas de los ciudadanos no podía sino reflejarse en una
disminución del trabajo del Consejo en cuanto realizar sugerencias o
elaborar propuestas de modificación de las normas que regulan los tributos.
El Consejo, en efecto, ha cambiado su dirección en este sentido
concentrando su labor de sugerencias y propuestas en aquellos problemas
que –bien por el número de quejas recibido o por propia iniciativa- parecen
más necesitados de tal preocupación.