MEMORIA 2001

94 MEMORIA 2001
o de aludir a una determinada política, pues nada se dice al respecto. Se
trata sencillamente de, en el seno de una continuidad legislativa, abrir un
hueco temporal que se funde en principios opuestos a los que inspira la
propia norma para el caso general. Por ello entendemos que o bien son
esos principios los conformes en el sentido constitucional o bien se
introduce una desigualdad arbitraria en razón a determinada fecha. En el
Derecho Tributario no creemos que los principios constitucionales
puedan conducir a una solución y a la contraria en base a la fecha de un
acto sin la más mínima trascendencia de la conducta de los sujetos
pasivos de las obligaciones reguladoras o razones de cualquier otra
índole que justifiquen de alguna manera la desigualdad resultante. Por lo
expuesto consideramos, con el máximo respeto el parecer diferente del
Tribunal que la solución del litigio habría de haber consistido en la
suspensión del mismo previo planteamiento al Tribunal Constitucional
de cuestión en los términos, aquí expuestos de forma sucinta a que se
contrae el voto discrepante que formulo” (Voto particular del
Magistrado Sabán Godoy al fallo recogido en la STSJ Madrid, de 13 de
noviembre de 1997).
Tal disparidad, como decimos constatable en la normativa estatal, no se
ve reflejada, por el contrario, en la Norma foral 8/2000, de 31 de
octubre, aprobada por las Juntas Generales de Vizcaya, por la que se
establece el tratamiento fiscal a efectos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas de determinados complementos salariales
percibidos de forma periódica por los trabajadores como consecuencia
de expedientes de regulación de empleo.
Además, para los territorios forales, dichas rentas se consideran
irregulares, hasta determinados importes, fijándose como período de
generación de la cantidad recibida, la resultante de dividir el número de
años de servicio entre el número de años que media entre el cese de la
relación laboral y los 65 años o la edad de finalización de cobro de las
prestaciones. Asimismo, se prevé una exención para las
indemnizaciones percibidas equivalente a 45 días de salario por año
trabajado con un máximo de 42 mensualidades prorrateándose por
meses los períodos inferiores al año.
La normativa estatal, por el contrario, contempla un régimen tributario
en función de que los excesos sobre las cantidades exentas se perciban
directamente de la propia empresa o se instrumenten a través de un
seguro colectivo. Desde tal perspectiva pueden distinguirse dos
supuestos: