JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

SERVICIOS DE INTELIGENCIA
La ley imprescindible
E
l mundo de los servicios de Inteligencia
no acaba de desprenderse de
la imagen del espía llegado del frío,
propia de las más tópicas novelas del género.
El tiempo no parece pasar por ellos y,
cuando atraen la atención pública, suele
ser por razones que en nada contribuyen a
corregir aquella imagen tópica. Unas “revelaciones
explosivas” de algún agente
traidor, seguido del correspondiente escándalo
mediático (como ha ocurrido hace
poco en el Reino Unido con el caso David
Shayler), continúa siendo el cauce habitual
de acceso al mundo de los servicios
por el público. Claro es que lo que entonces
se obtiene suele ser exactamente lo
buscado: una realidad construida a imagen
y semejanza, cuanto más fiel mejor, de
los caminos trazados por la ficción.
Sobre todo cuanto atañe al espionaje,
la información o la Inteligencia –según el
anglicismo al uso– tiende a echarse un
manto de silencio. “Cuanto menos se sepa,
mejor”, parece ser el lema motor que preside
el tratamiento de unos organismos tenidos,
sin embargo, por imprescindibles, y
cuyas asignaciones presupuestarias son cada
vez más cuantiosas. Un caso paradigmático
al respecto es, como es bien sabido, el del
Servicio de Inteligencia Exterior británico,
el hoy célebre MI-6, una especie de espectro
administrativo invisible que no alcanzó
existencia oficial hasta fechas bien recientes.
En un ámbito donde el expediente racionalizador
de la modernidad todavía encuentra
dificultades para imponerse, los
problemas políticos suelen plantearse en
términos bastante alejados de los discursos
analíticos que se utilizan en las demás esferas
de la vida pública. Los servicios de
Inteligencia se convierten, así, en un lugar
donde el sobreentendido, y la credibilidad
de quienes guardan lo que saben, importan
mucho más que la sustancia misma
de lo guardado. Un examen de la prensa de
los últimos meses da algún ejemplo.
MIGUEL REVENGA
El Parlamento europeo viene mostrando
su interés por la existencia de un programa
de espionaje, conocido como Red
Echelon, que permite a Estados Unidos interceptar
de forma masiva, mediante satélite,
conversaciones telefónicas. La preocupación
por Echelon tiene mucho que ver
con el espionaje industrial y con los mecanismos
de comunicación, supuestamente
exclusivos, entre los Servicios de Inteligencia
anglosajones, unos focos de interés que
denotan la erosión irreversible de un valor
como el de la intimidad. Pero lo que sorprende
es el punto de vista de la ex consejera
general de la CIA, preguntada sobre el
particular con motivo de una visita a España
(cfr. El País, 6 de agosto de 2000):
“¡Hay tanta información que recoger que
eso sería una prioridad realmente menor!”,
responde la ex consejera refiriéndose al espionaje
industrial. Aviso para ingenuos, si
es que queda alguno. No se niega la mayor;
hay interceptación masiva de comunicaciones,
pero descuiden, créanme (parece
decírsenos), “legalmente no podemos hacer
espionaje de ese género y, además”,
concluye la entrevistada, aduciendo varias
razones, “eso sería poco práctico”.
Conocer qué es lo que legalmente se
puede hacer en ese ámbito o en el de las
llamadas operaciones encubiertas (a
las que también se refiere la ex consejera: “la
gente tiende a no creer lo que le digo, pero
le aseguro que es la verdad. Hoy día
hay mucho menos de todo eso de lo que
se piensa”) requeriría una investigación
concienzuda, quizá sólo posible a raíz de
otro gran escándalo del estilo Irán-Contra.
En todo caso quienes tienen responsabilidades
directas en ello no lo dicen, entre
otras cosas porque lo que se puede hacer
sin vulnerar la ley dista de ser claro, especialmente
cuando la seguridad nacional se
halla en juego. La ambigüedad normativa,
el oscurantismo al alcance de avezados o,
peor, el silencio, son los mejores aliados
para que los servicios todavía llamados
muchas veces secretos puedan convertirse
en “islotes” oficiales con intraideología distinta
a la que alumbra el Estado de derecho.
Véase, si no, el tira y afloja que han
librado durante los últimos meses, también
en Estados Unidos, la secretaria de
Estado, Albright, y George Tenet, director
de la CIA, con motivo de la desclasificación
de documentos relacionados con la
actuación del servicio de Inteligencia durante
el régimen de Pinochet.
Los inicios de la presente legislatura
trajeron a España la noticia de que el nuevo
ministro de Defensa tiene entre sus
prioridades la de enviar al Parlamento un
proyecto de ley regulador del Centro Superior
de Información de la Defensa (Cesid).
El propósito parece oportuno, pero
lo que queremos demostrar, como sugiere
el título de este trabajo, es que una ley del
Cesid resulta, además, jurídicamente imprescindible.
Así se deduce de un somero
análisis de la actual regulación, y así se infiere
de alguno de los problemas que ha
suscitado la actuación de nuestro servicio
secreto, sobre todo si los subsiguientes
avatares jurídicos se examinan a la luz de
determinadas sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
Las insuficiencias de lo actual: el
defectuoso encuadre jurídico del Cesid
Para los textos constitucionales los servicios
de inteligencia continúan siendo la
“cara oculta de la luna”. Aunque a veces se
diga de tales textos que son códigos políticos,
una Constitución es cada vez menos
–si es que alguna vez lo fue– un código,
en el sentido que esta palabra tiene en el
lenguaje corriente: una norma que regula
de manera sistemática y omnicomprensiva
algún sector de la actividad humana. La
edad de la codificación hace ya tiempo
que pasó, de modo que el lugar de los códigos
es ocupado hoy por repertorios de
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