JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

VEINTE AÑOS DE LEY PENITENCIARIA
de inflexión, y a partir de entonces la cifra
comenzó a descender, habiéndose producido
51 muertes en 1999. Lo que sí se continúa
observando es que las juntas de tratamiento
suelen restar importancia a los informes
médicos y valorar detenidamente la
dificultad para delinquir y la peligrosidad
social que presenta el interno cuando se estudian
estos casos de progresión a tercer
grado y concesión de la libertad condicional
(art. 104.4 y 196.2 del RP). Sin embargo,
la Sentencia 48/1996 del Tribunal
Constitucional señala sobre esta cuestión
que “no es la situación de terminalidad o
no del interno gravemente enfermo lo
que debe valorarse principalmente, sino que
se debe ponderar en qué medida el mantenimiento
de su estancia en prisión es causa
de agravamiento de los padecimientos y
riesgo de pérdida de vida”. Por lo que estos
criterios de la más alta magistratura judicial
se corresponden muy poco con los
predominantes en la Administración penitenciaria.
Fundamentándose en éstos o parecidos
razonamientos la Audiencia Provincial
de Madrid ha excarcelado a varios
internos, como ya hemos visto.
3. Los internos
clasificados en primer grado
Ciertamente hay que señalar que el número
de internos clasificados en este grado
de tratamiento ha disminuido considerablemente
en la última década, pasando
de un 4,9% en 1990 a un 2,4% en
1999, lo cual constituye un hecho positivo
13 . Pero para esos aproximadamente
700 internos que se hallan en esa situación
la cárcel produce en ellos unos efectos
ineludiblemente perniciosos y destructores
de su personalidad. Según se señala
en el estudio realizado por J. Ríos y
P. J. Cabrera (1998), la mayor parte de los
que han pasado por esta situación afirman
que han sido maltratados física o
psicológicamente, sufrieron cacheos con
desnudo integral, vejatorios y humillantes,
no disfrutaron de las tres o cuatro horas
de patio que contempla el RP y con
frecuencia se autolesionan y suicidan.
Con este triste panorama, y aunque no
conozco de forma muy precisa la situación
pero sí testimonios directos que corroboran
una situación similar, no cabe
115 y sigs. Igualmente, sobre este problema se puede
consultar las manifestaciones de los internos, en Ríos,
J., y Cabrera, P. J. (1998), op. cit., págs. 190 y sigs.
13 Datos de la DGIP (31-12-1999). Información
más amplia en Informe general 1998, págs. 24-29. Y
Ríos, J., y Cabrera, P. J., op. cit., págs. 55-70 y 95-112,
1998.
duda de que el régimen de primer grado
propicia la vulneración del respeto a la
dignidad que posee toda persona, aunque
se halle presa, facilita el abuso de la autoridad
y favorece la impunidad. Aquí la
cárcel manifiesta su verdadero ser: control
y dominio total del sujeto y ausencia del
mínimo programa de tratamiento.
4. Retroceso de las clasificaciones
en tercer grado
Si resaltábamos cómo se había producido
un descenso en las clasificaciones en primer
grado, resulta menos satisfactorio
comprobar un claro retroceso de las clasificaciones
en tercer grado. Pues en esos mismos
datos se refleja que en 1990 se había
clasificado en este grado de tratamiento un
16,9% y en 1999 un 11,9%. Este 5% menos
puede no suponer mucho en términos
absolutos, pero sí representa un síntoma
inequívoco de una tendencia regresiva en
materia de tratamiento. Otros datos que
confirman esa política penitenciaria claramente
punitiva quedan reflejados en la
Comunidad de Madrid, que alberga en
torno a 6.500 internos en siete centros; se
construyeron cuatro en los últimos años y
solamente dispone de uno con 300 plazas
para penados en tercer grado. Madrid IV,
un centro con 1.000 internos penados en
segundo grado, no dispone siquiera de un
departamento para ese régimen de semilibertad.
Sin embargo, en la década de los
ochenta se había mantenido y aún producido
un ligero crecimiento. Lo que se aprecia
es que, desde hace varios años, la mayor
preocupación de los directivos penitenciarios
se centra en la política de dispersión
de internos de ETA y la construcción de
nuevos centros, mientras el tratamiento
cae en despreocupación y retroceso. Y no
se observa que con la entrada en vigor del
nuevo RP, que teóricamente refuerza la importancia
del área de tratamiento sobre la
de régimen, se refleje cambio alguno.
5. Predominio del régimen sobre
el tratamiento
A pesar de que la LOGP señala de manera
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