JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

Introducción
Algunos afirman que las cárceles sobran.
Institución en crisis o escuelas de delincuencia,
señalan otros. Y casi todos coinciden
en que la prisión no resuelve los
problemas ni pacifica la sociedad. La realidad
es que, hoy por hoy, ninguna sociedad
puede prescindir de ella. Aunque, si
bien esto es cierto, no lo es menos que
existen indicios claros de que se pueden
formular otras alternativas a las penas de
prisión para un gran número de delincuentes.
Nosotros disponemos de una ley que
se puede considerar progresista. En su décimo
aniversario yo realizaba un breve balance
de dicha norma (El País, 24-1-
1990), que, tomando como referente el
marco constitucional, recogiendo las recomendaciones
de las Naciones Unidas
para el tratamiento de los presos y la doctrina
internacional, configuró una ley más
restrictiva que privativa de libertad. Sin
embargo, una cosa es lo que se refleja en
el papel y otra muy distinta su práctica. A
pesar de eso, resaltábamos los cambios
positivos que se estaban operando: a) la
conversión de una estructura panóptica y
filomilitar carcelaria en una institución
piramidal cerrada pero que permite ciertos
márgenes y consideraciones hacia los
internos y que supuso una distensión y
acercamiento en las relaciones funcionario-interno;
b) el derecho del interno a la
resocialización y la obligación de la Administración
a proporcionársela. Con este
fin, se le fue restando protagonismo al orden
y la disciplina y orientándolos en
función de las llamadas “actividades de
tratamiento” (terapéuticas, formativas,
deportivas, recreativas y culturales); c) la
entrada y participación de organizaciones
no gubernamentales (ONG), instituciones
y voluntariado social proporcionó aire
fresco a todo el colectivo prisión. Poco a
poco fue calando la idea de que las perso-
VEINTE AÑOS DE
LEY PENITENCIARIA
EMILIO MONTESERÍN
nas presas no eran patrimonio del director
y sus funcionarios, sino que pertenecían
a toda la sociedad y necesitaban de la
comprensión y ayuda de todos para facilitar
su recuperación social; d) la introducción
del juez de vigilancia penitenciaria
para que vele por el cumplimiento de la
normativa y defienda los derechos de los
internos causó el correspondiente recelo y
malestar entre el funcionariado. Actualmente,
y aunque diariamente se producen
criterios enfrentados, casi todos los profesionales
penitenciarios tienen asumido
que el poder judicial debe de actuar en este
ámbito lo mismo que lo hace en cualquier
otro.
Después de 20 años de andadura se
han puesto de manifiesto sus luces y sombras,
cumplimientos e incumplimientos,
contradicciones y perversidades. Éstas,
porque todavía hay que lamentar denuncias
de malos tratos 1 que considero se trata
de hechos puntuales y concretos, pero
no debería de producirse ninguno. La Ley
Orgánica General Penitenciaria (LOGP)
es clara y tajante, “ningún interno será sometido
a malos tratos de palabra u obra”
(art. 6). Y contradicciones, porque el Reglamento
Penitenciario (RP) señala en
1 Ver Ríos, J., y Cabrera, P. J.: Mil voces presas,
págs. 104 y sigs. Universidad Pontificia de Comillas,
Madrid, 1998. Estudio basado en testimonios de
1.000 internos. El Informe del Defensor del Pueblo,
págs. 109-112, Madrid, 1998. También algunas asociaciones
han recogido denuncias de malos tratos. Por
mi parte, no conozco casos concretos, pero sí he escuchado
a internos que me merecen mucha confianza
hechos de esa naturaleza.
La Ley Orgánica General Penitenciaria fue aprobada
por consenso de todas las fuerzas políticas el 26-
9-1979, siendo director general de Instituciones Penitenciarias.
Carlos García Valdés era el padre y artífice
de dicho texto. Fue modificada ligeramente por Ley
Orgánica 13/1995, de 18 de diciembre; el artículo 29,
respecto a ampliación del permiso de mujeres trabajadoras
embarazadas, y el artículo 38, referente al máximo
de tres años de edad de los hijos que pueden vivir
con sus madres en prisión.
amplios artículos las formas de participación
de los internos en la organización de
actividades y desarrollo de la vida diaria
del centro 2 . Sin embargo, hasta ahora se
han quedado inéditos, obviamente porque
la prisión ordinaria se configura intrínsecamente
de forma piramidal y antidemocrática,
que hace inviable cualquier
discusión. Abolicionistas, retribucionistas,
reformadores, juristas o penitenciaristas
no dejan de analizar y expresar diferentes
opiniones sobre la cárcel y sus consecuencias,
necesidad y superación. A mi juicio,
y como señala el profesor Beristain 3 , por
un lado, es necesario profundizar en los
mecanismos más asequibles, plausibles y
humanos que ofrece nuestro sistema; y,
por otro, poner en marcha otras medidas
menos traumáticas que las penas de prisión.
Desde esta perspectiva, intentaré realizar
una pequeña reflexión desde la experiencia
y aplicación de nuestra normativa
penitenciaria de los últimos años. En
consecuencia, nos centraremos en los
avances, deficiencias, posibilidades y alternativas.
Avances
1. El juez de vigilancia penitenciaria
Qué duda cabe que la creación de los juzgados
de vigilancia penitenciaria constituyen
un importante avance por la garantía,
apoyo y defensa que vienen a prestar a todas
las personas presas. Su competencia
en todos los órdenes regimentales, trata-
2 Artículos 55-61 del reglamento actual (Real
Decreto de 9-2-1996). Este nuevo reglamento modifica
al anterior (Real Decreto de 8-5-1981).
3 Beristain, A.: ‘¿Derechos y deberes humano-fraternales
en las prisiones?’, en La Ley, revista jurídica española,
Madrid, 3 y 6-9-1999. En estos dos números
el autor realiza un análisis de la situación de los presos
de ETA y de las penas de prisión en general. Señala varias
propuestas en su ya conocida línea humanista y subraya
que las cárceles destruyen a las personas y urge
convertirlas en centros de repersonalización.
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