JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

mentales, clasificación y permisos, permite
que este órgano decida teóricamente la
suerte de los internos. Sin embargo, en
la realidad no es así. La suerte de la mayoría
de ellos la deciden las juntas de tratamiento
de los centros, porque aunque
muchos recurren sus decisiones muchas
veces los jueces no estiman el recurso y
otras tardan tanto tiempo en resolver que
aunque les den la razón ya no les sirve.
De modo que dependerá de la sensibilidad
penitenciaria o judicial o de la suerte
el que un interno salga antes o después a
la calle. Pero todavía les queda otro recurso
de apelación a la Audiencia Provincial,
de cuya actuación en Madrid los internos
se hallan muy satisfechos. En numerosas
ocasiones este órgano judicial corrige criterios
habituales de las juntas de tratamiento
de los centros. Respecto a no proponer
permiso en base a la lejanía de las
tres cuartas partes de la condena, razona
la sala que esto no constituye una motivación
bien fundamentada, puesto que la
ley señala que se podrán conceder permisos
una vez cumplida la cuarta parte de la
pena y no a las tres cuartas partes. Porque
ese solo factor no debe impedir la iniciación
de la preparación para la vida en libertad
cuya finalidad persiguen las salidas
Nº 110 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
de permiso 4 . Ciertamente, en esta materia
las juntas de tratamiento de los centros
tienen la competencia de enviar las propuestas
a los juzgados de vigilancia. Pero
la dirección general interviene mediante
circulares orientadoras de criterios que
insta tener en cuenta a ese órgano colegiado.
Así, en 1993 con los sucesos de las niñas
de Alcàsser (Alicante) y otros casos similares
que crearon gran alarma social 5 ,
la dirección general remitió a los centros
una circular en la que señalaba 10 variables
de riesgo de quebrantamiento o de
hacer mal uso de permiso. Posteriormente
en otra circular de 1994 las amplió a 18:
a) relacionadas con la persona: extranjería,
trastorno psicopatológico, drogode-
4 Auto 68/2000 de la Audiencia Provincial de
Madrid, secc. 5ª. Esta resolución sigue la doctrina del
Tribunal Constitucional, que en sentencia 112/1996,
de 24 de junio, razona en este sentido.
5 En enero de 1993 aparecieron los cuerpos sin
vida y con signos de violación de las tres niñas desaparecidas
dos meses antes. Los crímenes fueron atribuidos
a delincuentes que no habían regresado de permiso.
Tales sucesos produjeron gran impacto social y llenaron
las primeras páginas de los medios, fueron
objeto de debates y programas especiales durante meses
y se continuó hablando durante años. Otros casos
de violación y muerte se produjeron también en 1992
en Valladolid, A Coruña y Burgos.
pendencia, inestabilidad y marginalidad;
b) relacionadas con la actividad delictiva:
tipo delictivo, profesionalidad, reincidencia
y repercusión social; c) trayectoria penitenciaria:
quebrantamientos, haber estado
en primer grado, lejanía de las tres
cuartas partes de la condena, ausencia de
permisos y menos de tres meses en el centro;
d) referente al permiso en sí: falta de
control externo, deficiencia convivencial,
lejanía geográfica y presiones internas. La
valoración de estas variables creó mucha
controversia en las juntas de tratamiento.
Pues algunas, como inestabilidad personal,
reincidencia, drogodependencia, ausencia
de permisos, etcétera, resultaban
absurdas. Y si se tuviesen en cuenta todas
y cada una de ellas no saldría prácticamente
nadie. En un primer momento y
según los centros, se realizaba el cálculo
matemático del perfil de riesgo, que podría
ser máximo, alto y medio. Se abandonó
pronto esa medida cuantitativa; pero
se había captado el mensaje y ahí permanecen
esos criterios restrictivos que
modelan la toma de decisiones de los profesionales
penitenciarios.
Sobre la clasificación en tercer grado,
subraya la audiencia en varios autos, aludiendo
al artículo 72.4 de la LOGP, que
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