JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

SERVICIOS DE INTELIGENCIA
Gobierno” (shall report to and advise the
Governmemt of Canada). La línea que separa
la función de inteligencia de la función
policial, por sutil que pueda ser, conviene
trazarla. Y para ello, lo mismo que
para intentar aquilatar el alcance de los
términos ambiguos, no hay mejor técnica
legislativa que fijar lo que los servicios de
inteligencia no pueden hacer. En este sentido
es ejemplar la Australian Security Intelligence
Organization Act de 1979, cuando
señala que no es función de ella “llevar a
cabo o imponer” medidas para la seguridad
(it is not a function of the Organization
to carry out or enforce measures for security).
Pero por más ocurrente que sea el legislador
alumbrado por el deseo de ser claro
(que tanto puede serlo en la ambigüedad
como en la precisión), ninguna fórmula
refuerza mejor un funcionamiento
eficaz de los servicios de inteligencia que
el establecimiento de mecanismos de control
rutinarios (en cuanto a su secuencia
temporal) y efectivos en términos de seguimiento
y conocimiento informado de la
labor de ellos. En su ensayo titulado La
senda del mal 3 , Rafael del Águila reivindica
la “lógica de la prudencia en pluralidad”
para habérselas con los asuntos
que sean de verdad merecedores del sello
de materia secreta. Se trata de un juicio de
carácter estrictamente político y regido
por consideraciones que no tienen por
qué coincidir (aunque tampoco por qué
ser contrapuestas) a las que son propias
del criterio de la legalidad. Sobrepasan este
criterio y lo trascienden, sin hacerle de
menos; no es cuestión de subsumir hechos
en reglas, sino de evaluar acciones y prever
consecuencias.
Nada convendría más a una ley reguladora
del Cesid que el acuerdo, lo más amplio
posible, para impulsar un conjunto de
medidas de política legislativa que aparecen
estrechamente relacionadas con ella.
Así ocurre con el secreto oficial y la actualización
de su régimen jurídico, con expresa
previsión de un sistema de resolución del
conflicto que pueda ocasionar el uso de información
clasificada en los procedimientos
judiciales. Y así sucede también con el
acceso del Congreso a los secretos oficiales,
regulado actualmente por una resolución
del presidente de dicha Cámara, de junio
de 1992, en la que se prevé una comisión
parlamentaria de control. Dicha comisión
debería revitalizarse mediante el
mandato de controlar el funcionamiento de
3 Rafael del Águila, La senda del mal. Política y
razón de Estado, Taurus, Madrid, 2000.
los servicios de Inteligencia. Ello si es que no
se considera mejor crear una de nuevo cuño,
quizá mixta Congreso-Senado, ante la
que el director del Cesid debería comparecer
siempre que la Comisión lo requiriera,
y en todo caso periódicamente, para informar.
Una composición plural y a la vez restringida,
y sanciones efectivas en caso de
incumplimiento del deber de sigilo por
parte de los parlamentarios (algo no infrecuente
en el caso de la comisión de secretos
oficiales), vendrían a completar el esquema
de lo deseable.
De lo que hemos podido leer hasta
ahora se deduce también que no parece
estar muy clara la diferenciación entre el
terreno de los controles políticos y el de
las coberturas de legalidad para determinadas
actuaciones del servicio secreto. Si
algo acreditan los casos escuchas y espionaje
a la sede de HB en Vitoria, es lo insostenible
de una situación en la que el abandono
del legislador, la anomia en cuanto a
procedimientos operativos de los servicios,
se pretendía hacer compatible con un eficaz
desempeño de las funciones de información
e inteligencia. Si se considera que
la intervención de teléfonos es un instrumento
irrenunciable, regúlese, que para
ello no hay más que cumplir la Constitución,
bastante clara en este extremo: rango
de ley orgánica por la incidencia directa
en el desarrollo del derecho al secreto de
las comunicaciones (art. 81 CE) y necesidad
de resolución judicial (art. 18.3 CE).
Resolución judicial significa control motivado
de legalidad, esto es, examen, por sucinto
que sea, de la adecuación y proporcionalidad
de la medida a la luz de los objetivos
del servicio y las circunstancias del
caso. Si no se cumplen esos cánones mínimos
de legalidad, no hay control político
que pueda convalidar la intervención. Por
eso no nos parece un buen sistema el consistente
en depositar en un solo órgano de
composición mixta los controles políticos
y los jurisdiccionales, tal como hace, por
cierto, entre nosotros, la llamada Ley de
Videovigilancia.
Mayores dificultades constitucionales
encontraría legalizar la disposición de aparatos
de escucha en domicilios o sedes sociales,
que es lo que se ha propiciado en
Alemania mediante una reforma de la
Constitución. La CE contempla el levantamiento
de la inviolabilidad domiciliaria
en determinadas circunstancias y con resolución
judicial (art. 18.2), pero no creo
que consintiera un apoderamiento in toto
y con carácter permanente del derecho a
la intimidad de los espiados. En cambio,
otro de los recursos clásicos del espionaje,
el uso de agentes infiltrados, tiene desde
1999 cobertura en nuestro derecho positivo
(art. 282 bis, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal) como instrumento policial
en la lucha contra el narcotráfico. En
el caso de los servicios de inteligencia, parece
que también habría que cumplir lo
que dicho artículo dispone en consonancia
con la doctrina del TEDH: autorización
judicial para el uso de la figura y
prohibición de actividades susceptibles de
incitar a la comisión de delitos.
Conclusión
Una acabada regulación legal de los servicios
de inteligencia es el mejor parapeto
frente a las manipulaciones y entredichos
a que suele verse sometida la labor de
ellos. La autoconfianza interna, alimentada
regularmente a través de mecanismos
plurales de control, y el alejamiento de los
lugares centrales del espacio público, consecuencia
de una legitimidad bien asentada,
se muestran entonces como ventajas
indiscutibles.
Hace unos meses, en una de sus columnas
del diario El País, denunciaba Herrero
de Miñón, a propósito del conflicto
suscitado por la celebración del Día de las
Fuerzas Armadas en la ciudad de Barcelona,
la absoluta falta de una “cultura de defensa”
capaz de percibir cuáles son los riesgos
que se ciernen sobre nosotros y cuáles
las necesidades para atajarlos. Dicha carencia
es, quizá, la causa, pero también la
consecuencia, de haber llevado hasta extremos
injustificados un principio de reserva
que, tal y como hasta ahora se ha
aplicado, no cuadra con las necesidades de
información de una sociedad democrática.
El grado de madurez que hayamos alcanzado
desde este punto de vista es algo que
el debate sobre la anunciada ley del Cesid
debería poner a prueba. n
Miguel Revenga es profesor titular de Derecho
Constitucional. Autor de El imperio de la política y
editor de Acceso judicial a la obtención de datos.
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