JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

SERVICIOS DE INTELIGENCIA
cia. Pero se entiende menos que continuaran
sin estarlo diecisiete años después, en
1997, cuando el velo del Cesid ante la
opinión pública había ya caído con estrépito,
y fue aprobada una Ley (la 50/1997,
llamada escuetamente “del Gobierno”),
cuyo Título I se dedica a la “composición,
organización y órganos de colaboración y
apoyo” al mismo.
El citado precepto reglamentario de
1996 no es la única norma reguladora
de nuestro servicio de inteligencia. A partir
de un Real Decreto aprobado en marzo
de 1981, hay una plétora de reglamentos de
diverso calibre que van enmendándose sucesivamente
y que no hacen sencilla la tarea
de saber qué es lo que en efecto rige.
Esto último, así como la predisposición
innata hacia lo caótico de los órganos de
la Administración pública, es habitual en
bastantes sectores del Derecho, tal y como
demostró hace ya años Alejandro Nieto en
su Organización del desgobierno 1. En el caso
del Cesid, además del defecto de rango,
que es un defecto fatal, como enseguida
veremos, el mal endémico de tal normativa
es la mezcolanza en que incurre entre lo
sustantivo/funcional y lo orgánico/procedimental,
algo que es fuente de constante
ambigüedad, ya desde el mismo nombre
del servicio (“Centro Superior de Información
de la Defensa”, desde un Decreto
de 1977): demasiado amplio como para
hacerse una idea de los cometidos del organismo
y, a la vez, demasiado estricto,
por sugerir un perfil rigurosamente militar
que no se corresponde con la realidad.
Por poner un ejemplo; si lo que se desea
conocer es algo tan básico como cuáles
son las competencias del Cesid, han de
consultarse no menos de tres disposiciones,
cuya localización lleva no poco tiempo. La
más sustantiva de ellas es, absurdamente,
no sólo la más antigua, sino la de menor
rango jerárquico (también en el seno de los
reglamentos hay clases y categorías): una
Orden del Ministerio de Defensa, la
135/1982, de 30 de septiembre, sobre “Estructura
y misiones” del Cesid. Éste, se lee
allí, habrá de “satisfacer las necesidades de
información del presidente del Gobierno
(...) en materia de defensa”, y también las
del ministro de Defensa en “la ejecución
de la política militar” (art. 1). A tal efecto,
el Cesid deberá “obtener, evaluar y difundir”
toda la información que resulte necesaria
para prevenir amenazas y peligros en
una serie de ámbitos (art. 3): agresiones ex-
1 Alejandro Nieto: Organización del desgobierno.
Ariel, Barcelona, 1984
teriores contra la independencia o la integridad
territorial de España; amenazas (en
sentido amplio) contra los intereses nacionales
en los campos político, económico,
tecnológico y militar; oposición y neutralización,
dentro y fuera del territorio nacional,
del espionaje extranjero; protección de
instalaciones, tecnología e información relevantes
para la defensa, así como (literalmente)
“información relativa a los procesos
internos que, mediante procedimientos
anticonstitucionales, atenten contra la unidad
de la patria y la estabilidad de sus Instituciones
fundamentales”. Cúmulo de
funciones a las que el antes citado Real
Decreto 1.883/1996 añade la de coordinar
los distintos organismos que utilizan procedimientos
de cifra, así como la de garantizar
la seguridad criptográfica. Ha de tenerse
en cuenta, además, que un decreto
de 1985, éste del Ministerio de la Presidencia,
realiza la correspondiente distribución
de funciones entre el director general
del Cesid y las distintas divisiones de Inteligencia
(Exterior, Interior, Contrainteli-
gencia, y Economía y Tecnología). El redactor
de esta última norma aprovechó,
por cierto, la ocasión para actualizar el lenguaje:
donde se decía “unidad de la patria”
e “instituciones fundamentales” se dice
ahora (art. 6) “unidad de España” e “instituciones”
a secas.
Lo que enseña el ‘caso de las escuchas’.
Las ventajas del principio de legalidad
El principio de legalidad es, desde la Revolución
Francesa, uno de los arcos de bóveda
a los que se confía la salvaguarda de
los derechos de los ciudadanos. Es, desde
luego, un arco sujeto a desgaste: nadie
atribuye hoy a la discusión parlamentaria,
plasmada en una ley general, las capacidades
prodigiosas que en otros tiempos se le
atribuyeron. Pero el principio de legalidad
sigue importando, y puede invocar en su
favor argumentos cuya lógica no está alejada
de la que informaba a los ilustrados
dieciochescos.
Por lo pronto, discusión legislativa en
sede parlamentaria significa cruce de opi-
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