JOSÉ VARELA ORTEGA - Prisa Revistas

expresa en su artículo 71 que la finalidad
del régimen en los centros de cumplimiento
consiste en “lograr el ambiente adecuado
para el éxito del tratamiento; en consecuencia,
las funciones regimentales deben
ser consideradas como medios y no como
finalidades en sí mismas”, la realidad resulta
otra. Con demasiada frecuencia se afirma
que no se pueden realizar actividades
de tratamiento por falta de funcionarios de
vigilancia que las acompañen. O, lo que es
lo mismo, se prima la seguridad estática
sobre la seguridad dinámica 14 . Funcionarios
de vigilancia asignan y quitan destinos
de actividades remuneradas cuando esas
funciones corresponden a las juntas de tratamiento.
Y más incomprensible aún resulta
que la comisión disciplinar sancione a
un interno por regresar dos horas tarde de
permiso señalando que cometió falta grave
por “desobediencia”, cuando, en mi opinión,
debe considerarse incumplimiento
de un deber de una medida tratamental
como es un permiso. En general, se puede
afirmar que todas y cada una de las actuaciones
que se producen en prisión ordinaria
y que revisten ciertas dudas siempre se
resuelven con predominio de la autoridad
disciplinar.
6. El tratamiento
de toxicómanos en prisión
Si el tratamiento en prisión del delincuente
en general resulta muy difícil, mucho
más lo es si se trata de un delincuente drogadicto.
El mismo legislador así lo reconoce
al establecer que no entrarán en prisión
aquellos que hubiesen delinquido a causa
de su drogodependencia, se encuentren en
tratamiento de rehabilitación o se comprometan
a hacerlo y se considere que su entrada
frustraría los fines de prevención y
reinserción social 15 . En este sentido se ha
pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia
de fecha 11-4-2000, señalando que
al delincuente funcional, merecedor de un
menor reproche social por incurso en una
situación de responsabilidad atenuada, deberían
aplicársele las medidas de seguridad
y no la prisión. Todo ello nos sitúa en una
clara contradicción con las presuntas funciones
resocializadoras de las penas de prisión
recogidas en nuestra Constitución
(art. 25.2). Así pues, la intervención-trata-
14 Redondo, S.: Evaluar e intervenir en las prisiones,
pág. 38. PPU, Universidad de Barcelona, 1993.
15 CP artículos 20.2, 21 y 87. Carmena, M.:
Crónica de un desorden, págs. 80-89. Alianza, Madrid,
1997. Reflexiona la autora sobre lo absurdo e inutilidad
de las penas de prisión en general y para los delincuentes
drogadictos en particular.
Nº 110 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
miento en prisión sobre el delincuente
drogadicto a lo más que puede llegar es a
prestar una ayuda paliativa. En todo caso,
si deben permanecer un tiempo en la cárcel,
porque así se les impone, lo que necesitan
son programas específicos que
contemplen terapia individual, grupal y
ocupacional, educación para la salud, prevención
de recaídas, etcétera. Pero apenas
existen. Sí cuentan casi todos los centros
con un grupo de ayuda al drogodependiente
(GAD), compuesto por varios profesionales,
en los que se les proporciona información
sobre la drogodependencia, los
recursos, la salud, las salidas alternativas, y,
sobre todo, se les invita a introducirse en el
programa de metadona. Mediante este recurso,
que utilizan un alto número de internos
16 , éstos controlan más o menos y
temporalmente su problema, pero ese tratamiento
no va acompañado de un seguimiento
de ayuda terapéutica y cobertura
de otras carencias con el objetivo de lograr
la deshabituación y recuperación social. En
resumen, con más profesionales, más programas
específicos, más voluntad y confianza
en la capacidad de cambio de las
personas afectadas, se podría mejorar sustancialmente
esta problemática.
7. Jóvenes en la cárcel en estado puro
El nuevo RP señala entre las formas especiales
de ejecución las que se deben llevar a
cabo con jóvenes menores de 21 años. Sus
artículos 173-177 afirman, entre otras cosas,
que la actuación sobre los jóvenes se
realizará en unas condiciones arquitectónicas
y ambientales de forma que les permita
desarrollar actividades y programas de tratamiento
de acuerdo a sus necesidades. Se
habla de educación básica, formación laboral,
formación para el ocio y la cultura,
programas de educación física y deporte,
programas de intervención en drogodependencias
y de carácter psicosocial,
etcétera. Poco o nada de esto se ha realizado.
Ciertamente, se eliminaron muchos
departamentos juveniles de diferentes prisiones
y se crearon nuevos centros como
Monterroso (Lugo), Cáceres II, Valencia
y Madrid. Sin embargo, por distintas causas
no podemos señalar ningún centro en
el que se cumplan los principios indicados
por el Consejo de Europa y que inspiraron
los contenidos de nuestra reglamentación.
Por el contrario, en Madrid
16 Según datos de la DGIP, Informe general
1998, pág. 137, durante 1998 habían recibido tratamiento
con metadona 16.283 internos, de los que el
40% había comenzado el tratamiento en prisión.
EMILIO MONTESERÍN
abandonaron el centro más moderno y
escaparate para exhibir a visitantes penitenciarios,
conocido como “Alcalá piscinas”
(primer centro que disponía de este
medio para refrescarse en verano), y pasaron
a ocupar dos departamentos de Madrid
II, donde la falta de espacio y toda la
configuración arquitectónica les impide
desarrollar con normalidad actividades
deportivas, recreativas, terapéuticas e incluso
de educación general básica, a pesar
del esfuerzo de sus profesionales.
Esta situación deberá cambiar para algunos
con la reciente entrada en vigor de la
Ley Penal del Menor, que eleva de 16 a 18
años la edad penal y contempla para estos
menores el internamiento en centros no
penitenciarios de régimen cerrado, semiabierto
y abierto, según la clase de delito.
8. Precarización del trabajo productivo
La LOGP considera en su artículo 26 el
trabajo como un derecho y un deber del interno
y un elemento fundamental de su
tratamiento. La realidad es que el trabajo
remunerado en prisión se ha convertido
desde hace tiempo en un bien muy escaso
que todos quisieran tener. Con excepción
de algún centro, sólo trabaja un 20% aproximadamente.
Los talleres productivos más
abundantes están constituidos por manipulados
de carácter temporal. El carácter monótono,
carente de creatividad y escasa remuneración
económica, convierte la tarea
en un trabajo muy poco estimulante, precario
y explotador. Sirva como ejemplo el
que un interno construyendo carpetas, cajas
o perchas durante siete horas no suele
alcanzar las 2.000 pesetas. Y si nos fijamos
en ciertos servicios de los centros que últimamente
la Administración penitenciaria
ha convertido en tareas remuneradas, tampoco
ningún puesto alcanza el salario mínimo
interprofesional, a pesar de que muchos
trabajan ocho horas diarias y descansan un
solo día semanal. Y ocurre esto aunque sus
derechos como trabajadores están reconocidos
en la Constitución y el Estatuto de los
Trabajadores 17 . Sin embargo, los internos
aprecian y desean este tipo de trabajos. ¿Por
qué? Sencillamente necesitan pasar-matar el
tiempo, evadirse o “robarle horas al juez”.
Porque necesitan ganar algún dinero para
gastos personales y si pueden enviar un po-
17 La Constitución, en su artículo 25.2, además
del tan comentado derecho a la reeducación y reinserción,
señala que, “el condenado a pena de prisión…
tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios
correspondientes de la Seguridad Social”. El Estatuto
de los Trabajadores, texto refundido de Real
Decreto 1/1995, de 24 de marzo, artículo 2-1.c, con-
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